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Los supuestos casos de corrupción detectados por la Contraloría se habrían dado en la administración departamental de Sergio Fajardo.
Cinco presuntos casos de peculado y malversación de recursos públicos detectó el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, en el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia- MANÁ, en la administración departamental anterior.
Según el funcionario público, los recursos implicados en los cinco hallazgos de tipo fiscal superan los 1.153 millones de pesos.
Además, «se identificaron 14 hallazgos de presunto carácter disciplinario y uno de connotación penal a contratos realizados durante la vigencia 2015″, indicó el Contralor.
Al parecer, también se liquidaron convenios sin la devolución de recursos no ejecutados y hubo pagos irregulares de personal o, en otras palabras, se pagó por servicios, como capacitaciones para nómina, que no fueron ejecutados al interior del programa.
La Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría detectó, asimismo, irregularidades en cerca de 51 municipios de los que cubre MANÁ en Antioquia.
De acuerdo con el Contralor, todos los recursos supuestamente malversados debían ir dirigidos a los menores beneficiarios del programa de seguridad alimentaria y, en cambio, quedaron en manos de terceros que se beneficiaron por medio de contratos.
«La Contraloría iniciará los respectivos procesos de responsabilidad fiscal a los funcionarios y contratistas de MANÁ implicados en la entrega de recursos el año anterior«, anunció el contralor, quien añadió que su tarea será iniciar procesos contra las personas que liquidaron los convenios administrativos sin devolución de dineros que, cabe decir, no fueron ejecutados.
Hay que resaltar que una gran parte de los recursos malversados estuvo en pagos a personal que, de acuerdo con lo precisado por las autoridades fiscales, nunca trabajó en el programa.
Cabe recordar que, en días pasados, se conoció que el Gobierno anunció una disminución en los recursos destinados a MANÁ, cuyo presupuesto pasará de 986 mil millones de pesos a 801 mil millones el próximo año.
Al parecer, dicha decisión obedece a las irregularidades que se han presentado en torno a los distribuidores de alimentos y la mala utilización de los recursos estatales, que no se destinan en su totalidad para garantizar un servicio oportuno y de calidad.
