La Defensoría del Pueblo acumula más de mil 400 quejas formales de los colombianos afectados por el cierre fronterizo.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger los derechos fundamentales de miles de colombianos afectados por el cierre limítrofe.
Delante del despacho del Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, el Defensor del Pueblo sustentó la «aplicabilidad de los principios de gravedad, urgencia e irreparabilidad, en virtud de la violación de derechos como el interés superior del niño y el derecho a no ser separado de su familia», destacó la Defensoría en su comunicado.
El Defensor del Pueblo le pidió a la Comisión Interamericana requerir al Estado Venezolano «detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva o sumaria de nacionales colombianos, hasta tanto no se garantice que cualquier migrante en situación irregular tenga acceso a un procedimiento con las garantías fundamentales al debido proceso, antes de ser deportado».
Igualmente, el defensor de los derechos humanos pidió a Venezuela «adoptar de forma urgente todas las medidas que considere necesarias para garantizar que se respete la unidad de las familias de los migrantes que puedan ser sujetos de deportación, y se les proteja de toda forma de discriminación o violencia».
A su vez, Otálora fue enfático en solicitar al Gobierno del vecino país «abstenerse de adoptar cualquier medida tendiente a destruir las propiedades ubicadas en el territorio venezolano de las personas colombianas que han sido conminadas a migrar forzadamente y a retornar al país».
Hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo acumula más de mil 400 quejas formales de los colombianos afectados por el cierre fronterizo, 505 por agresión física y verbal de la Guardia Bolivariana, 462 por desintegración familiar, 266 por despojo de pertenencias, 183 por derribo de viviendas y 145 por retención de documentos.
