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La entidad, que tenía como objetivo optimizar recursos y otorgar subsidios para el desarrollo del agro, no cumplió sus objetivos, según el Gobierno.
Luego de casi 12 años de funcionamiento y tras dejar un panorama de dudas en torno a su efectividad y viabilidad, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- desaparecerá y dará paso a dos agencias nacionales encargadas de administrar el agro, anunció el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
De acuerdo con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, antes de este martes 8 de diciembre, día festivo por demás, saldrán los decretos que pondrán fin al Instituto, cuya funcionalidad y legado dejan muchos interrogantes sin resolver.
La liquidación de Incoder «no es una decisión con retrovisor por el gobierno anterior. Es una entidad que en nuestro concepto nació mal: la misión era reducir los gastos del Estado, pero no logró las metas. La liquidación fue recomendada por la Misión Rural y la acogimos porque necesitamos unas estructuras más modernas», indicó Iragorri.
Además de su inviabilidad económica y financiera, las deficiencias del Incoder trascienden a su efectividad en materia de subsidios para el agro y la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, parte fundamental en la reparación a las víctimas del conflicto, especialmente las que sufrieron desplazamiento forzado.
«Considero que la liquidación fue una decisión acertada. Según una investigación adelantada por la fundación Forjando Futuros, hemos encontrado que el Incoder es la segunda entidad con mayor incumplimiento de las órdenes que los jueces de tierras emiten para la reparación de las víctimas», afirmó Jaime Carrión Suárez, vocero de la Fundación y experto en Derechos Humanos.
«Hemos recomendado que, al interior de la Agencia de Tierras que creará el Gobierno en reemplazo, exista un equipo especializado que dé vía libre a los trámites de las víctimas, para que éstas no se vean perjudicadas por la actual crisis agraria y obtengan una solución rápida, ya que solo quedan cinco años de plazo para el cumplimiento de la Ley 1448», precisó.
Y es que el trabajo del Incoder, junto con el de la Unidad de Restitución de Tierras, no ha sido suficiente para agilizar el proceso de devolverle los predios arrebatados por actores ilegales del conflicto a sus legítimos propietarios. (Lo invitamos a leer: Gobierno tendrá seis meses para acelerar el proceso de restitución de tierras).
Ante la ineficacia del Instituto, Carrión indicó que es necesario que las nuevas agencias tengan clara su función, por un lado, de dar un impulso al agro, y por el otro, priorizar la restitución de tierras dentro de sus funciones y objetivos.
«Para agilizar el proceso, es importante derogar el decreto de microfocalización, pero es también importante que las reclamaciones de tierra, en caso de no tener opositor, se puedan solucionar por vía administrativa y no siempre por la judicial», agregó el experto.
Por su parte, el ministro Iragorri aseguró que las nuevas dependencias diseñadas por el Gobierno utilizarán el mismo recurso humano y presupuestal del Incoder, por lo que no habrá ni sobrecostos ni una posible «masacre laboral».
