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El 18 de diciembre de 2014, el grupo guerrillero había pedido perdón público a un grupo de víctimas de Bojayá que viajó a La Habana.
Una delegación de las Farc se trasladará a Bojayá, en Chocó, para pedir perdón públicamente a las víctimas de la masacre que sufrió la población por los persistentes combates en la región, primordialmente, entre las Autodefensas Unidas de Colombia -Auc- y dicho grupo guerrillero.
Durante la tarde de este domingo, en el acto de desagravio, habrá representantes de Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y autoridades regionales, que acompañarán a las víctimas.
Una tragedia que se pudo evitar
El 21 de abril de 2002, un par de semanas antes de la tragedia, alrededor de 250 paramilitares ingresaron a través de embarcaciones al casco urbano del municipio, con el fin de eliminar a efectivos de las Farc que se encontraban dispersos en la zona.
Allí, los miembros de las Auc mantuvieron en zozobra a la población civil a través de controles, requisas y múltiples operativos con el fin de dar con el paradero de los guerrilleros.
De inmediato, la comunidad civil y algunos funcionarios públicos denunciaron los hechos ante la opinión pública, al punto que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó su preocupación al Estado por la incursión de paramilitares en varias localidades del Atrato chocoano.
Asimismo, el 24 de abril la Defensoría del Pueblo comunicó al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía los hechos y solicitó su presencia en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad y la integridad física de los habitantes.
Sin embargo, la ausencia estatal favoreció que, el 1 de mayo, iniciaran hacia las 6:00 de la mañana combates entre paramilitares y guerrilleros en Vigía del Fuerte, que después se concentraron en la población de Bellavista.
Debido al temor por la intensidad de los enfrentamientos, la comunidad se refugió en la iglesia del pueblo, en la casa cural y en la casa de las Misioneras Agustinas.
Los enfrentamientos continuaron toda la noche y, al amanecer del 2 de mayo, los miembros de las Auc se desplazaron hacia la zona céntrica del municipio con el fin de protegerse y contraatacar a los integrantes de las Farc, que avanzaban hacia su posición.
Fue entonces cuando los guerrilleros, hacia las 10:00 de la mañana, iniciaron un ataque con pipetas bomba con el fin de hacer replegar a los paramilitares hasta que, a las 10:45, una pipeta impactó el altar de la iglesia luego de atravesar el techo del recinto religioso.
Producto de la explosión y las llamas, 119 personas murieron y otro centenar resultaron gravemente heridos; entre las víctimas fatales no se encontraba ningún combatiente y habían varios niños.
Por los hechos se le otorgó responsabilidad al Estado por su inacción, pese a las advertencias previas por parte de diferentes entidades gubernamentales y descentralizadas. La Nación, por ende, fue condenada a pagar una millonaria indemnización por su negligencia a la hora de atender las alertas tempranas de una tragedia que, aunque cobró un centenar de vidas, se pudo evitar.
