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En total, los desplazados conforman 725 familias de doce comunidades.
Más de tres mil personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en las últimas semanas en el municipio colombiano de Litoral de San Juan, departamento de Chocó, debido a los combates entre el Eln, la Fuerza Pública y el “Clan Úsuga”, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Las personas desplazadas pertenecen a comunidades negras e indígenas asentadas en la región, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, también observaron «el confinamiento» de otros 1.133 habitantes de otros seis asentamientos debido a los combates.
Aunque la mayor parte de los pobladores inicialmente desplazados ha retornado «sin acompañamiento ni asistencia del Estado» a sus lugares de residencia, 466 de ellos permanecen refugiados en el municipio de Docordó.
El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron el pasado 30 de marzo en Caracas un acuerdo para iniciar una fase pública de diálogos de paz, que tendrán como sede a Ecuador y sesiones de trabajo en Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, que junto con Noruega serán garantes del proceso.
Por su parte, el «Clan Úsuga», la mayor banda criminal de país nacida tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizó a comienzos de mes un «paro armado» durante el cual asesinaron a un militar y cuatro policías.
En los llamados «paros armados» se prohíbe la circulación por carreteras y vía fluvial y tampoco se permite el normal desarrollo de actividades comerciales bajo pena de sufrir atentados contra la vida o los bienes.
