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El nuevo decreto resalta tres puntos que clarifican los nuevos derechos y obligaciones de entidades y usuarios.
El Gobierno Nacional expidió un decreto por medio del cual se le establecen obligaciones a las entidades financieras de brindar información transparente y oportuna a los usuarios, y permitir al consumidor financiero acceder a información más sencilla, facilitando la comparación entre productos de crédito o ahorro ofrecidos por diferentes entidades.
“Al consumidor financiero se le dificulta escoger con quien tomar un crédito o dónde abrir su cuenta de ahorros, ya que no es fácil agregar los costos del seguro de un crédito, la cuota mensual de pago y otros costos asociados; el Valor Total Unificado (VTU) es una medida que resume todos los costos que debe pagar el cliente en un solo número y ayudará para que el consumidor financiero pueda tomar la decisión que más le convenga y de acuerdo con sus necesidades, antes de contratar un crédito o abrir una cuenta de ahorros”, afirmó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
El nuevo decreto resalta tres puntos: el primero, destaca que el decreto busca facilitar la comparación de servicios de ahorro y crédito ofrecidos por distintas entidades, las instituciones financieras deberán informar al cliente potencial el Valor Total Unificado (VTU), que resume el valor proyectado de todos los conceptos pagados o recibidos asociados a la operación.
El segundo punto, destaca que los clientes que ya tienen estos productos de ahorro o crédito, recibirán un resumen de los costos pagados a la entidad en el último año, discriminando por tipo de operación o producto.
Y, finalmente, el nuevo decreto establece que para la población con menores ingresos que aún no cuenta con acceso a servicios financieros, se diseñó un paquete de servicios que permitirá a los usuarios hacer una mejor comparación a la hora de elegir la entidad donde abrir su cuenta de ahorros.
El representante a la Cámara David Barguil, autor del proyecto de ley que reglamenta este decreto, afirmó por su parte que “la información transparente, precisa y comparable es un derecho fundamental para todos los usuarios”.
