ElPalpitar.com Periódico virtual, Noticias, Medellín, Antioquia, Colombia, Acontecimientos de interés común, Hechos de ámbito internacional.
La formulación de pliego de cargos se presenta por mantener en centrales de riesgo a ciudadanos cuyas identidades fueron suplantadas.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- formuló pliego de cargos contra la empresa UNE EPM, por el presunto incumplimiento de las normas de protección de datos personales al no garantizar la veracidad de la información que reporta a las centrales de riesgo.
De acuerdo con la Superintendencia, el fallo de la empresa de determinaba porque “a pesar de que los ciudadanos afectados por la suplantación (víctimas de la suplantación) acreditaron ante UNE EPM el haber sido suplantados en su identidad, UNE EPM los mantuvo reportados por períodos que en algunos casos, incluso, se extendieron por seis (6) meses y en promedio la tardanza habría sido de tres (3) meses”, afirma la entidad.
Además, la entidad reguladora logró determinar mediante evidencias recolectadas tras una visita a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. en la cual se analizaron quejas del mes de enero de 2015, que usuarios o clientes reportaron mil 102 quejas afirmando “ser víctimas de suplantación de identidad y solicitando que UNE EPM ordenara a la central de riesgo CIFIN S.A. que se eliminara el reporte por afectar su derecho fundamental al habeas data”.
Tras esta solicitud, la Superintendencia logró afirmar que en el 92% de esas reclamaciones la empresa UNE EPM reconoció las suplantaciones denunciadas y otorgó la razón a las víctimas. Sin embargo, tras un seguimiento a 42 de esos casos, la Superintendencia encontró que la empresa no retiró de las centrales de riesgo de manera inmediata a los afectados, sino que prolongó su estancia en las listas negras por tres meses, en una violación a la norma por la cual acarrean en este momento a apertura de pliego de cargos.
Dicho proceso que comenzó la Superintendencia de Industria y Comercio, podría acarrear a UNE EPM el pago de una multa de hasta mil 34 millones de pesos de acuerdo con las investigaciones administrativas que arroje el proceso. Además, dicho acto administrativo no procede ningún tipo de recurso de apelación.
