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La Procuraduría de Colombia destituyó e inhabilitó por una década a once miembros de la Armada Nacional que ejecutaron «arbitrariamente» a un civil protegido al que hicieron pasar por guerrillero, informó esta institución.
El ente público definió como «gravísimos» los hechos en un comunicado en el que explicó que su fallo obedece a que los militares no pudieron demostrar que el civil asesinado era en realidad un subversivo, tal y como mantenían, lo que constituye una «grave violación al Derecho Internacional Humanitario».
«La defensa no logró demostrar que la víctima estuviera participando directamente de las hostilidades propias del conflicto que vive el país», afirmó la Procuraduría, que no informó cuándo se produjo el hecho.
Los militares destituidos pertenecen al Grupo de Reconocimiento Cobra del Batallón de Contraguerrillas No. 1, adscrito a la Primera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Nacional que funciona en Corozal, en el departamento caribeño de Sucre.
Se trata de Víctor Miguel Salazar Jiménez, Óscar de Jesús Acosta Pabuena, Edinson Corrales Ruiz, Nelson Rafael González Luna, Juan Moreno Vásquez, Jorge Eliécer Barrera Chica, Julio José Baldovino Mercado, Carlos Martínez Acosta, Óscar Javier Marrugo López, Samir Elías Romero Pérez y Silvio Efraín Mazo Ibáñez.
Durante la investigación se presentaron pruebas de que el fallecido tenía una familia con la que residía, en el municipio de El Carmen de Bolívar, una ocupación y amigos «que declararon acerca de sus buenas costumbres» y negaron que fuera guerrillero, algo que se corroboró con la ausencia de antecedentes judiciales y requerimientos.
Por todo ello, la Procuraduría consideró que los militares vulneraron las normas internacionales que prohíben «los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas» que aplica a todos los afectados por un conflicto armado.
Contra esta decisión de primera instancia, los sancionados podrán presentar un recurso de apelación.
