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Las víctimas hablan de falta de justicia, y lejanía de la verdad y la reparación.
La ley de Justicia y Paz es un marco jurídico que nació durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con aprobación del Congreso, que buscaba facilitar el proceso de desmovilización de grupos paramilitares y que contempló el movimiento de 40 mil uniformados entre los años 2003 y 2006.
A ella, se acogieron gran parte de los líderes de la Autodefensas y algunos de sus subalternos. Quienes se acogieron y cumplieron las penas alternativas, ya han logrado su libertad. Además, la lograron quienes confesaron los delitos, ayudaron con el proceso de verdad, justicia y reparación, y quienes, pues, pagaron la condena establecida.
Desde sus comienzos, la ley de Justicia y Paz ha sido tratada en medio de una disyuntiva de contexto: qué tanto de justicia tiene y qué tanto de paz; esto en relación con el punto medio que ofrezcan los requerimiento, pues son tendientes a plantear cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negociación.
“En un primer momento no hubo ninguna dificultad porque la interpretación jurídica era que la Ley de Justicia y Paz cubría los delitos que las personas hubiesen cometido hasta el día de su desmovilización y esa interpretación estuvo vigente como por dos años”, afirmó el entonces Comisionado de Paz, Frank Pearl.
Victimarios, víctimas y detractores
Para la ONG, Human Rights Watch, “(…) el proceso de desmovilización presentó graves deficiencias, que fueron documentadas exhaustivamente y denunciadas en el momento de su ejecución. Uno de los problemas es que el Gobierno no verificó que quienes se desmovilizaran fueran realmente paramilitares ni si todos los paramilitares efectivamente se desmovilizaron”.
Y es precisamente este tema uno lo más complejos a la hora de evaluar la real severidad de esta Ley y su aplicación, cumplimiento y oportunismo.
“En Colombia no se ha esclarecido ni la mitad de los hechos cometidos (…) los comandantes paramilitares hoy por hoy son los máximos capos de la mafia en la ciudad y eso no se ha investigado. Tampoco se ha investigado la relación de sus comandantes con la Fuerza Pública”, afirmó Fernando Quijano, director de Corpades, en Verdad Abierta.
En este sentido se plantea uno de los posibles vacíos de la Ley y es que el Gobierno no haya aprovechado el proceso de desmovilización y acogimiento a Justicia y Paz, para interrogar en profundidad a los paramilitares sobre sus propiedades, cómplices y actividades delictivas.
Así, dicho planteamiento hubiese servido para evitar casos como el reemplazo en el poder que ocurrió, por ejemplo, con los hermanos Rendón: luego de que Freddy Rendón, alias “El Alemán”, se desmovilizó, fue reemplazado por su hermano Daniel, alias “Don Mario”, quien siguió adelante con algunas de las actividades del bloque Elmer Cárdenas en Urabá.
Sin embargo, y de manera paralela, fue alias “El Alemán” uno de los líderes paramilitares que más colaboró al acogerse a Justicia y Paz, y prueba de ello es que, después de purgar una pena alternativa de ocho años, el pasado 30 de julio, exactamente un mes atrás, Freddy Rendón Herrera quedó en libertad gracias a los beneficios ofrecidos por Justicia y Paz.
Empero, la salida de Rendón Herrera de la cárcel no quedó en el limbo, las víctimas se expresaron y dejaron sentada su voz de protesta, en tanto y en cuanto, consideran que este tipo de libertades cohonestan con la impunidad.
“Ellos salen de la cárcel sin ningún compromiso frente a la verdad, entonces esto nos ha limitado mucho; igual, cuando estuvieron adentro, tampoco presentaron ningún aporte a lo que ha sido la verdad, sino que más bien, se han dedicado a justificar los crímenes cometidos”, afirmó Martha Soto, de colectivo de víctimas.
El aporte de los desmovilizados a la Justicia y a la Paz
Según datos de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los paramilitares desmovilizados han confesado más de 25 mil 757 homicidios y un número superior a mil 46 masacres. Igualmente, el total de hechos delictivos confesados fue superior a 39 mil 546, con más de 51 mil víctimas. Además, se remitieron a la justicia ordinaria los casos políticos de, por lo menos, doce mil expedientes.
“Ellos dijeron que me quedaba prohibido brindar el apoyo sicosocial en el municipio. A ellos no les interesaba que las víctimas conocieran sus derechos ni mucho menos que denunciaran”, relató Lucía* una defensora de los derechos humanos, quien le relató a Human Rights Watch que mientras atendía a unas víctimas de las AUC, fue testigo de un ataque sexual y víctima de amenazas.
Y es que el tema de la impunidad sigue siendo clave, máxime cuando la reparación y la no repetición, hacen parte explícita de los compromisos establecidos dentro de la ley de Justicia y Paz. Igualmente, la falta de compromiso para entregar bienes, fue controvertido en su momento, pues era considerado como falta de compromiso y, según expertos, debería dar exclusión de Justicia y Paz, y traslado de los casos a la justicia ordinaria.
“La ley de Justicia y Paz en Colombia no es un proceso de paz ni fue creado por el Gobierno como un proceso de justicia. Tampoco es un proceso de justicia transicional, pues no ha habido transición, no ha cesado la violación sistemática de derechos humanos ni ha cesado tampoco el conflicto armando interno. Es, por el contrario, la más gigantesca operación de impunidad realizada en la historia de Colombia”, afirmó el jurista, Gustavo Gallón.
De quienes han cumplido con su parte del compromiso, según la Unidad de Justicia y Paz, mil 173 han pedido perdón en las versiones libres transmitidas en directo, mil 83 se han arrepentido públicamente, 313 han restablecido la dignidad de las víctimas y mil 143 han prometido no volver a delinquir.
“La realización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, requieren aún más decisiones de la rama judicial y de los órganos de supervisión internacional, para superar los retos existentes de tal manera que se juzguen localmente, los crímenes internacionales cometidos en Colombia”, sentenció el jurista Gallón.
La división de opiniones no aplica en este caso. La unanimidad de que la ley de Justicia y Paz dio una mano a la impunidad, parece establecer un común denominador. Y así, mientras que la justicia se olvida los casos, las muertes y los desplazados que derivaron en la Ley, quienes aportaron con delitos para que fuera “necesaria” la misma, siguen cumpliendo sus penas.
