Esta legislación pretende acortar a la mitad del tiempo los procesos judiciales considerados de menor lesividad.
El nuevo proyecto de ley radicado ante el Senado de la República, busca que en menos de seis meses puedan resolverse los procedimientos penales para delitos como el hurto de celulares, las lesiones personales, la injuria, la calumnia, el abuso de confianza y la estafa por cuantías inferiores a 150 salarios mínimos, conductas clasificadas como de menor lesividad social.
La iniciativa también prevé que los afectados por delitos menores puedan tomar parte activa en su proceso a través de sus abogados, convirtiéndose así en una especie de “fiscales” bajo la figura del acusador privado.
Con esta nueva figura, además de disminuir los tiempos de espera de los afectados y permitir una mayor celeridad en el proceso, aliviará la carga de la Fiscalía General de la Nación en este tipo de delitos.
Así, una vez aprobado el nuevo proyecto de ley, los delitos menores pasarían de tener cinco audiencias que se realizan en la actualidad (imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo) a únicamente dos: una audiencia concentrada (en la que se descubrirán y solicitarán las pruebas) y un juicio oral (en el cual se adelantaría la práctica de pruebas y sedecidiría sobre la culpabilidad o inocencia del procesado).
Así funcionaría la figura de «acusador privado»
De su lado, la nueva figura de acusador privado operaría por solicitud de la víctima y en casos de delitos menores. Antes de que el fiscal presente una acusación por el hecho, el abogado de la víctima podrá solicitar la conversión de la acción penal para actuar como acusador privado.
Una vez surtido este paso, será discrecionalidad de la Fiscalía aceptar o no esta petición; para negarla se pueden tener en cuenta razones de política criminal, la conexidad con otros delitos de mayor gravedad, la relación de la conducta con organizaciones criminales o el eventual riesgo de la víctima.
De ser aprobada el afectado se convertiría en un acusador privado y sería el encargado de adelantar la investigación y de acusar, mediante un abogado apoderado, ante el juez para llevar a cabo el juicio.