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Concejales del Partido Liberal y de la U, expresaron su preocupación por lo permeables que pueden ser las entidades públicas en Medellín.
Parece que los rumores en los que se hablaba de la llegada de un «cartel de la contratación» a Medellín, pasaron de ser un susurro a convertirse en un ruido que pone en riesgo a los entes de la Administración Municipal.
Tanto es el riesgo, que el Concejo de Medellín trató este tema en la sesión plenaria de hoy martes 30 de junio y en ella, varios corporados se refirieron a este tema.
«Estamos enfrentando a un peligroso cartel de contratación del Departamento de Sucre que ingresó a Medellín por medio de empresas fachada, falsificación de documento y hasta favores políticos, para desarrollar obras en la ciudad», afirmó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, del Partido Liberal, primera bancada citante del debate.
En su intervención, el concejal Guerra Hoyos enfatizó en que “Ottomar Lazcarro Torres lidera un poderoso y peligroso cartel de contratación que se caracteriza por múltiples incumplimientos e incluso sanciones de caducidad (inhabilitantes), hechos que evidencian grave riesgo para los recursos públicos de la región”.
De acuerdo con lo informado durante el debate, este cartel infiltró el Área Metropolitana, en cabeza de la empresa OLT Logistics S.A.S, y se instaló en la región desde el año 2013, cuando obtuvo un contrato por dos mil 300 millones de pesos para la ubicación de paraderos de buses en varios municipios del Área Metropolitana, además del contrato para la construcción de las ciclorrutas de Medellín, por cuatro mil 300 millones de pesos; y el evitado contrato para la construcción de la UVA San Javier.
De otro lado, el concejal Santiago Martínez Mendoza, del Partido de la U, segunda bancada citante, dijo que «es preocupante el manejo que se está dando a la contratación en el Área Metropolitana», sin embargo, resaltó el buen nombre de la entidad y de sus funcionarios, quienes están, según el concejal Martínez, «comprometidos con el desarrollo y mejoramiento de la ciudad y de la calidad de vida de todos sus habitantes».
Durante el debate, la directora encargada del Área Metropolitana, Patricia Zuñiga, expresó que la entidad «solicitó la realización de las investigaciones correspondientes a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Para tal efecto, la Contraloría de Antioquia determinó que el Área Metropolitana, en los procesos de la UVA San Javier, ecoparque Villa Turbay y las ciclorrutas, se ajustó a las exigencias en materia de contratación.
