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La Administración Municipal advirtió que las casas no son aptas para ser habitadas; la comunidad, por su parte, exige soluciones oportunas, ya que el daño en sus viviendas se debería a una obra pública mal ejecutada.
En jaque se encuentran los habitantes del sector de La Cascada, en Robledo, por un posible desalojo que haría la Administración Municipal en el sitio, en vista de que algunos predios en los que están edificadas las viviendas del barrio no son propicios para la construcción, según estudios del Dagrd.
Sin embargo, el barrio, que tiene más de 52 años de fundación, nunca había hecho parte de los sectores considerados de alto riesgo, hasta hace poco años. Así lo afirmó María Isabel Muñoz, presidenta de la Junta de Acción Comunal -JAC-, quien dijo que este hecho obedece a una afectación que sufrió el subsuelo donde se erigió el barrio tras la edificación de los muros de contención de la Vía al Mar.
«Por la construcción de un muro en la ampliación de la Vía al Mar se nos generó un daño, pues [los ejecutantes] no tuvieron en cuenta las especificaciones técnicas necesarias. Las cunetas que evacuaban las aguas de la montaña, donde hoy se asienta la Ciudadela Nueva Occidente, pasaron a ser subterráneas y dañaron estructuralmente nuestras viviendas«, señaló Muñoz.
En ese orden de ideas, la Presidenta argumentó que, antes de la ejecución de dicha obra, las casas del sector permanecían en perfectas condiciones, al punto que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed- arrendó e incluso compró algunas viviendas allí con el fin de reubicar familias de otros barrios.
Justamente, María Camila Muñoz, cofundadora y habitante del barrio, tuvo seis inquilinos del Isvimed, y el Instituto le pagó alquiler durante siete años. «¿Por qué para nosotros poseer viviendas es de alto riesgo, y para el Isvimed tenerlas no lo es?», expresó.
Asimismo, la Presidenta señaló: «Si nuestro barrio está mal, ¿por qué Isvimed aplicó subsidio de vivienda en el sector con el objetivo de reubicar familias del barrio Olaya Herrera? Algunas viviendas se utilizaron para arriendo temporal durante más de seis años».
Aunque El Palpitar intentó comunicarse con Humberto Iglesias, director del Isvimed, para constatar este información, no fue posible. Pero, en días pasados, él declaró a este medio que en caso de un desalojo, su cartera hará un «acompañamiento social» a los afectados.
Desde hace algunos años la situación cambió. Hubo emergencias en algunas casas y calles por motivo de daños en su infraestructura. «En 2008, hubo una urgencia manifiesta al agudizarse la problemática. Ejecutaron una obra que nos ayudó a sostener la vía principal y tuvo sus efectos positivos en el sector», dijo.
Desde entonces, la solución temporal para la problemática fue «la intervención de las quebradas«. Según la comunidad, tales obras han funcionado y han evitado inundaciones, junto con la renovación del alcantarillado del sector, la cual fue posible por recursos de Presupuesto Participativo y el trabajo aunado de la ciudadanía.
El fantasma de un desalojo
Según Camilo Zapata Wills, director del Dagrd, el Municipio inició estudios en la zona desde el año 2003; dichas labores investigativas arrojaron que algunas casas estaban construidas sobre suelos no aptos. «Dichos estudios son de conocimiento público», puntualizó.
Sin embargo, su despacho desestimó la versión de la comunidad. «Son varios factores los que han afectado la zona. Hay problemas geotécnicos y de aguas, y algunas casas no cumplen la normatividad«, indicó Jaime Gómez, subdirector del Dagrd.
No obstante, la comunidad aseguró que las casas que tienen orden de desalojo (26, aproximadamente, según la JAC) estaban en buenas condiciones antes de la obra pública. «Nosotros nunca fuimos un sector de alto riesgo, hasta entonces», recalcó la líder.
Ante las circunstancias, el Municipio había programado un desalojo para el pasado jueves, el cual fue aplazado gracias a un consenso entre los habitantes y las autoridades. «El desalojo fue anunciado desde el 8 de marzo, cuando les entregaron a las familias las órdenes que dictaban que para el 31 de marzo las viviendas debían estar desocupadas. Pero logramos parar el desalojo y hoy tuvimos una reunión con el Gobierno y otros abogados para darle un buen término a la situación», dijo la Presidenta el mismo jueves..
Aun así, el llamado de la población es claro: es necesaria una intervención por parte del Isvimed para repotencializar las viviendas que se vieron afectadas por la obra. «Cuando lo público daña lo privado, se deben llegar a acuerdos urgentes«, dijo María Isabel.
Los habitantes, asimismo, se niegan a una evacuación preventiva, en vista de que en el pasado algunas familias han perdido sus viviendas al salir de ellas. De acuerdo con Muñoz, los antecedentes muestran que antiguos moradores se marcharon de sus casas ante la recomendación de las autoridades, pero cuando regresan (normalmente después de tres meses) solo han encontrado ruinas.
José Edilberto Osorno, hijo de uno de los fundadores del barrio, confirmó dicha versión. «[Las autoridades] miraron mi casa y me dijeron que me fuera mientras la arreglaban; pero eso es mentira, pues uno se va y ya no puede volver. Mucha gente se ha ido de sus casas esperando que les den un apartamento, y en este momento no les pagan el arriendo y encima tienen que tumbar ellos mismos su casa», manifestó.
Por tal motivo, «pedimos al Municipio que reconsidere la recuperación del sector, en vista de nuestro derecho como moradores al mejoramiento de nuestras viviendas, y que la renovación urbana no siga desplazando las comunidades, sino que haya reasentamiento en sitio», reclamó la líder de la comunidad.
«A la gente que afectó esa obra, que les repotencialicen sus viviendas», apunta, tambíen, doña María Camila, quien permitió que este medio entrara a su vivienda y nos demostró, a través de escrituras legales de hace ya medio siglo, que este sector no es un territorio de invasión, sino que está legalmente constituido.
El desalojo, por ahora, fue pospuesto. Sin embargo, la zozobra permanece, y lo que los habitantes de La Cascada solicitan es el acompañamiento e intervención del Municipio ante una problemática que podría convertirse en tragedia, de no haber decisiones oportunas.
