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La organización indicó que se deben reforzar las políticas de seguridad, pues el síntoma general en la ciudad es de debilidad estatal.
De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en Medellín hay problemáticas de seguridad muy profundas que la actual Administración Municipal ha intentado ocultar con «discursos populistas«, pero que en la práctica no son consecuentes con la realidad.
Según el informe, «en lo que va corrido del 2016 se ha presentado un incremento en varios indicadores de inseguridad», lo cual «pone en entredicho» las afirmaciones de la Administración de Aníbal Gaviria (2012-2015), que aseveró haber desarticulado varias estructuras delincuenciales en la ciudad.
El principal motivo de dicho incremento es, precisamente, el aumento en las dinámicas de violencia entre los actores armados de la ciudad, que en su afán por controlar territorios han generado «pujas internas y disidencias», que han propiciado el aumento de los homicidios, que en el 45 % de los casos obedece a actuaciones de estructuras armadas que se sostienen del microtráfico de estupefacientes, según la Secretaría de Seguridad de Medellín. No obstante, ese porcentaje pudiera ser mucho mayor, ya que el «48 % de los homicidios no cuentan con información preliminar para determinar el contexto en donde se presentaron», indica el informe.
La zona de mayor influencia de dichos grupos criminales, partiendo de los sitios donde han ocurrido las muertes violentas, son las subregiones noroccidental y centrooriental, así como el centro. En dichos sectores, «el aumento en la tasa de homicidios tiene una alta independencia de las acciones de la institucionalidad pública local», es decir, que en caso de que uno de los actores ilegales se llegase a consolidar podría decrecer dicha tasa.
Así mismo, otros delitos han cobrado fuerza con relación a la anualidad anterior. En el caso específico de la extorsión, dice el informe, ha cobrdoa magnitud en gran medida por la consolidación de los grupos delincuenciales en las diversas comunas de la ciudad. Justamente, La Candelaria, Castilla, Robledo, Belén y Guayabal concentran el 52 % de las extorsiones, que se cobran en por lo menos 250 barrios de la ciudad. El hurto y el fleteo, por su parte, han disminuido.
«La intervención y puesta en práctica de la política de seguridad (de la Administración Gutiérrez) se ha centrado en la reacción, desconoce la prevención y apela a medidas de choque y represivas, que en algunos casos resultan restrictivas o vulneradoras de los derechos fundamentales de la ciudadanía», como la intervención al Parque Berrío que impactó a los vendedores ambulantes y los enfrentamientos entre la Policía y los grupos delincuenciales, que ponen en peligro a las comunidades, detalla el informe.
Todas estas medidas, a las que se suman el aumento del pie de fuerza y los operativos en diferentes puntos críticos de la ciudad, son para el IPC «ficciones de seguridad», pues no pasan de ser «requisas, desalojo de vendedores informales, revisión de antecedentes judiciales a vehículos y motos, incautaciones menores de estupefacientes e imposición de comparendos de tránsito».
El discurso del Alcalde, según el IPC, es un populismo punitivo, es decir, la presentación de «resultados insignificantes con los cuales se quiere aparentar fortaleza y enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad«, pero que no son eficaces a la hora de revertir cabalmente las problemáticas de violencia y criminalidad.
Por tal motivo, el IPC instó a la Alcaldía a «realizar un proceso de transformación profunda de las formas como se comprenden, explican y sienten los diversos problemas de inseguridad, violencia y criminalidad armada en la ciudad», además de reconocer que hay estructuras delincuenciales en la ciudad que controlan porciones geográficas y que para combatirlas es necesario implementar políticas radicales que superen el discurso.
Partiendo de los datos suministrados por la Secretaría de Seguridad, La Candelaria (centro) sigue siendo la comuna con mayores indicadores de inseguridad, seguido de Castilla y Robledo, que ha presentado un significativo aumento en los casos de muertes violentas.
