La realidad detrás del problema fronterizo entre Colombia y Venezuela

El accionar del gobierno de Maduro es legal en el fundamento jurídico; en contraste, el trato hacia los ciudadanos colombianos no cumple los parámetros humanitarios internacionales.

Observar el problema fronterizo entre Colombia y Venezuela como un rifirrafe político de momento carece de sentido; el contexto que rodea la problemática tiene tan diversos matices como implicaciones a largo alcance, lo que hace inevitable desligarlo de la actual situación en la frontera.

Desde los mandatos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, se percibió una fuerte tensión diplomática entre ambos países, que llegó al punto de congelar en cuatro ocasiones las relaciones bilaterales entre las dos naciones. Aún así, las repercusiones de la problemática nunca sobrepasaron del plano político ni afectaron de forma directa a la ciudadanía de alguno de los territorios hermanos.

Después, cuando Juan Manuel Santos llegó a la Casa de Nariño, las relaciones entre Bogotá y Caracas empezaron a vivir su mejor momento desde hacía casi una década. Pero, con la muerte de Chávez y el posterior triunfo electoral de su sucesor en el liderazgo del chavismo, Nicolás Maduro, las relaciones entre ambas naciones empezaron a decaer poco a poco.

Aún así, la tensión entre los dos países o, para ser más justos y precisos, entre ambos gobiernos, vive actualmente su cenit a causa de la deportación de cientos, quizá ya miles, de colombianos desde Venezuela por orden del mandatario chavista, quien justificó que desde Colombia había «una exportación neta de pobreza». En declaraciones a medios de comunicación, el presidente venezolano señaló que la medida tiene como fin «extirpar el tumor maligno que el paramilitarismo colombiano ha traído, para metérselo al cuerpo noble de la República de Venezuela».

Por su parte, el gobierno de Colombia ha decidido mantener la compostura frente a la situación y ha tratado de entablar diálogo diplomático con su semejante venezolano. La respuesta, según la canciller María Ángela Holguín, ha sido negativa. 

¿Es legal la deportación masiva de colombianos desde Venezuela?

Rafael Eduardo Tamayo, docente de la Universidad Eafit y experto en derecho internacional, afirmó que «desde el punto de vista técnico del derecho, cada estado, de acuerdo con el Tratado de Relaciones Diplomáticas y Consulares, es libre de determinar los requisitos de permanencia legal de los extranjeros en su territorio».

Tamayo aseguró que, «si bien la medida de Venezuela puede parecer brusca, en derecho internacional es justificada«. Agregó que Colombia no puede realizar demandas ni quejas formales a organismos internacionales desde el punto de vista jurídico, sino que debe limitar su respuesta a relaciones políticas con el vecino país.

Tales afirmaciones se ven evidenciadas en lo que, hasta ahora, ha hecho el gobierno Santos. Precisamente, la última acción del mandatario colombiano ante lo que el calificó como «falta de voluntad de diálogo», fue llamar a consulta a su embajador en Venezuela. «He dado instrucciones a la Canciller para que llame a consulta a nuestro embajador y convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur», aseguró el Presidente.

¿Cuál es la motivación real del Gobierno de Maduro?

Nicolás Maduro contestó a esta pregunta cuando afirmó que el objetivo de la medida es, en primer lugar, expulsar de Venezuela a supuestos paramilitares que delinquen en esa nación. Además, el mandatario venezolano señaló a los colombianos ilegales en el vecino país de ser los principales responsables de la escasez de productos básicos de la canasta familiar. 

Ahora bien, para la opinión pública las motivaciones de tan precipitada decisión son otras, y están muy ligadas tanto a la problemática social actual de Venezuela, como también a los próximos comicios electorales de aquel país, a realizarse el próximo 6 de diciembre. Rafael Tamayo mencionó que Maduro busca seguir la línea de lo que fue el gobierno de Hugo Chávez. «Una de las estrategias del chavismo previo a comicios y elecciones siempre ha sido exacerbar el espíritu nacionalista«, señaló el académico.

Además, refiriéndose a la crítica situación de Venezuela, Tamayo apuntó que una de las principales estrategias de un gobierno que se ve contra las cuerdas por problemas internos, es «desviar la atención de dichas dificultades hacia problemas externos, e intentar unificar la población hacia el problema externo», algo que, si resultara exitoso, permitiría que el Partido Socialista Unido de Venezuela se recuperara frente a la oposición, quien parte como favorita para las cercanas elecciones parlamentarias.

Al parecer, ésta es la razón por la cual Bogotá no ha decidido realizar una ofensiva política recíproca en contra el gobierno de Maduro. Si bien aseguró que no permitirá que sigan tratando mal a los compatriotas en dicho país, Santos aseguró que «ha privilegiado el diálogo y diplomacia y lo seguirá haciendo».

Ciudadanos de ambos países, principales afectados

Aunque los principales afectados por lo sucedido han sido los ciudadanos deportados, tanto venezolanos como colombianos que viven en sus respectivos países en la zona de frontera, también han sentido el impacto de las decisiones tomadas desde el Palacio de Miraflores.

Rony, un empresario y comerciante venezolano que vive en Ureña, mencionó cómo lo afectó el cierre de la frontera por parte del gobierno venezolano. «El problema de frontera afectó mucho mi vida cotidiana, al igual que la de muchos, empezando por la separación de familias. Además, el intercambio comercial, al estar cerrada la frontera, ya no se puede ejercer», dijo el ciudadano venezolano.

Además de las repercusiones económicas, la emergencia humanitaria en zona fronteriza del departamento de Norte de Santander ha empezado a agravarse. «La situación humanitaria es grave y crítica; no hubo respeto hacia los colombianos. Tuvieron que salir de forma rápida, dejando todo aquí tirado», señaló Rony, quien desde el lado venezolano puede evidenciar que, a pesar de la marcha de los colombianos, se sigue presentando desabastecimiento en los supermercados dispuestos por el estado.

Entretanto, el presidente Santos anunció que tomará medidas para ayudar a los deportados. Por ejemplo, el Sena avisó que brindará recursos para aquellos colombianos que deseen emprender negocio. (Lea también: El Sena aportará cuatro mil millones para emprendimiento a deportados).  Aún así, expertos afirman que el estado no debe empezar a tener concesiones más allá de las necesarias con los afectados, pues podría enviar un mensaje erróneo a la ciudadanía en general al dar a entender que, por el hecho de haber sido deportados por estar en situación ilegal en Venezuela, los ciudadanos perjudicados tienen acceso a ciertos derechos especiales.

El futuro de la problemática

El gobierno venezolano no parece estar dispuesto a ceder. En alocución presidencial, Maduro dejó claro que el restablecimiento de las relaciones fronterizas depende de la posición que asuma Colombia frente a la supuesta emigración hacia el vecino país de paramilitares colombianos. Las Farc, por su parte, reiteraron su apoyo al mandatario de la República Bolivariana.

Entretanto, Santos definirá con el pasar de los días si entabla o no medidas políticas y diplomáticas fuertes hacia Caracas, o si sigue privilegiando el tacto en las relaciones entre ambas naciones. Eso sí, el presidente aclaró que no entrará en el juego de Maduro de querer aumentar la tensión con declaraciones fuera de pulso ante los medios de comunicación.

Lo que si está claro es que, por más sustento legal y jurídico que tenga la medida de Maduro, el trato hacia los colombianos, que ha sido poco humanitario y en ocasiones violento, está injustificado. Así las cosas, serán los ciudadanos, tanto venezolanos como colombianos, quienes deban aguardar con paciencia la salida a una problemática que, de momento, sólo permite vislumbrar un horizonte gris.