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La crisis fronteriza comenzó el pasado 19 de agosto con el cierre del principal paso fronterizo, entre Cúcuta, San Antonio y Ureña.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, afirmó este martes en el Congreso que en el último año Venezuela no ha cooperado con Colombia para combatir el delito en la frontera, varios de cuyos tramos fueron cerrados hace más de un mes por orden del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, Holguín señaló que su despacho ha buscado la cooperación de Venezuela para combatir el contrabando, el narcotráfico y los grupos armados que están en la frontera pero que «este último año, fue un año perdido».
«Tuvimos 17 reuniones a las cuales Venezuela no les puso fecha», sostuvo la titular de la cartera de Relaciones Exteriores.
Detalló que ese fue uno de los temas tratados esta semana en Quito, en la reunión entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que acordaron el retorno de sus embajadores y la apertura de una investigación sobre la situación de la frontera común, entre otras medidas para solucionar la crisis.
De otro lado, Holguín señaló que Colombia pidió al Gobierno de Venezuela, investigar las muertes de dos indígenas Wayúu colombianos ocurridas en ese país.
«Lo que nos informan ‘a priori’, porque están en la investigación, es que el incidente ocurrió en el lado venezolano por lo que le hemos pedido al cónsul de Maracaibo y a las autoridades (de Venezuela) una investigación», afirmó la canciller.
«Se lo reiteramos al presidente Maduro el día de ayer (lunes); sabemos y tenemos claridad total de que los indígenas son de ambos lados de la frontera, para ellos no existe esa frontera y se ha pedido esa investigación», agregó.
La comunidad indígena Wayúu de Colombia denunció el domingo que supuestos integrantes de la Guardia Nacional asesinaron a dos miembros de su etnia en una zona fronteriza del territorio venezolano.
La crisis fronteriza comenzó el pasado 19 de agosto con el cierre del principal paso fronterizo, entre la ciudad colombiana de Cúcuta y las venezolanas de San Antonio y Ureña, ordenado por Maduro, quien defendió su decisión con el argumento de que estaba combatiendo el contrabando y a presuntos paramilitares, entre otros.
