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Los negociadores del Gobierno viajarán a Cuba para iniciar mañana con las Farc el 36 ciclo de diálogos en el que abordarán de manera simultánea los dos puntos restantes de los cinco que consta la agenda.
El procurador General, Alejandro Ordóñez, celebró que el senador Álvaro Uribe apoyara al presidente Juan Manuel Santos en su decisión de no declarar un cese el fuego bilateral mientras duren las negociaciones de paz con las Farc y por mostrarse contrario a que los guerrilleros tengan impunidad en un eventual postconflicto.
«La búsqueda de coincidencias entre el Gobierno y la oposición es un punto de partida para alcanzar un Pacto para la Paz«, declaró la Procuraduría
Según la institución, un acuerdo de estas características «es necesario para lograr la concordia nacional, la reconciliación, superar las divisiones creadas en la sociedad alrededor de los diálogos con la guerrilla y garantizar que lo que se acuerde con las Farc se cumpla y se pueda cumplir».
Además, es «un candado jurídico-político para los acuerdos» que las partes pueden firmar de forma definitiva si concluyen con éxito los diálogos de La Habana.
No obstante, matizó que para construir ese pacto «se debe abordar la definición del régimen de penas y de qué se debe entender por cárcel, cuál es su significado», ya que, a juicio de Ordóñez, «la pena de cárcel debe incluir la reclusión efectiva en un centro carcelario».
Sobre este punto, Santos defendió el viernes en Cartagena ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH, la aplicación de normas jurídicas especiales a desmovilizados en un eventual postconflicto, algo que, según dijo, no debe confundirse con «impunidad».
Para Uribe, tal declaración supone una «rectificación del Gobierno» ya que «expresa que se necesita cárcel para los cabecillas. De lo contrario se viola la ley y se da mal ejemplo», según advirtió el expresidente este sábado 25 de abril en Twitter.
Junto al aspecto de la cárcel, uno de los más controvertidos del proceso de La Habana, el ahora senador apoyó la otra «rectificación» de Santos, relacionada con el rechazo a decretar un cese el fuego bilateral con la guerrilla hasta que se firme el acuerdo final de paz.
La medida, que según Uribe «agravaría más la inseguridad» en el país, fue descartada un día antes por Santos ya que, en palabras del presidente, dejaría «a los colombianos expuestos si fracasa el proceso de paz», ya que en esa circunstancia le quedaría «una gran ventaja militar a la guerrilla».
