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Según ese grupo, «las penas alternativas no implican impunidad, de la que sí han gozado, a su juicio, los instigadores del paramilitarismo».
Las Farc buscan en las negociaciones de paz que mantienen con el Gobierno colombiano en la Habana, conseguir una amnistía para los delitos políticos y conexos, que aún están por definir, y «no están pidiendo una amnistía general», dijo este lunes el principal asesor jurídico de esa guerrilla, Enrique Santiago.
«Las Farc no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento», declaró el abogado español en entrevista con la revista Semana.
El asesor indicó al medio que el grupo armado vería con buenos ojos «un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad», así como que «se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador» que no necesariamente tienen que incluir penas privativas de libertad.
«Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad. Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval», afirmó Santiago.
El experto reconoció que esa herramienta extrajudicial está aún por definir, pero consideró que puede ser «una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas».
Además, apuntó que «habrá que crear un tribunal de cierre que ratifique las sanciones que se impongan desde esta instancia extrajudicial».
Y añadió que, en caso de que se propongan aplicar penas de prisión, estas deberían ser «para todo el mundo y no sólo para las Farc».
Preguntado si eso incluye a los más altos cargos políticos de Colombia, como el presidente y sus ministros, Santiago matizó que eso sería una consideración política y no jurídica, pero que en cualquier caso «está claro que la cúspide de la cadena de mando alcanza a ministros, presidentes y a toda la cadena política».
El asesor subrayó que «desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas», y en este caso «la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país ni de lejos».
