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Regularizar la propiedad de la tierra y definir quiénes son los dueños de los predios en Colombia, otra finalidad del punto de la reforma.
El primer punto del acuerdo final que llegó a feliz término entre el Gobierno Nacional y las Farc refiere que se realizará una reforma agraria integral, que impulsaría el desarrollo del campo colombiano y permitiría que grandes extensiones de tierra «sin dueño» pasen a manos de los campesinos.
Al menos ese es el objetivo en el papel del acuerdo, que además incluye un enfoque de género e igualdad con el fin de que las mujeres tengan «condiciones de acceso igualitarias» respecto a los hombres, históricamente dueños de la mayor parte de las tierras.
Asimismo, pretende priorizar ciertos territorios y zonas conocidas como «cordones de miseria», es decir, aquellas comunidades más afectadas por las dinámicas del conflicto, el cual ha conllevado pobreza e inequidad a dichas regiones.
El punto del bienestar y el buen vivir, por su parte, estima que la reforma integral del campo puede conseguir «la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades» de las personas que habitan en la zona rural, que ha sido la más afectada por las dinámicas del conflicto armado.
El acuerdo, además, comprende que la reforma debe ser integral. Antes de oponerse a la modernización o implementación de nuevas tecnologías en la industria agraria, el punto contempla el acceso efectivo a la tierra acompañado de innovación, ciencia y tecnología, junto con asistencia técnica, crédito, riego y comercialización.
Partiendo del resto de los puntos acordados, lo más destacado es el derecho a la participación (planeación, ejecución y seguimiento de planes y programas para el campo); presencia del Estado en la zona rural; desarrollo sostenible, desde la parte ambiental hasta la protección de las fuentes hídricas; y la democratización y uso adecuado de la tierra, que hace posible que las personas sin tierras accedan a terrenos y los usen de forma efectiva.
¿Adiós a los latifundios?
Una de las grandes críticas de las Farc al sistema agrario nacional es la forma en la que está repartida la tierra. Según el grupo subversivo, la mayor parte de la tierra de Colombia apta para el cultivo y la ganadería está en manos de una minoría «irrisoria», en palabras de Iván Márquez.
Aquí cabe recordar que en 2013, cuando se discutía este punto en La Habana, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos -Fedegan-, Félix Lafaurie, se opuso a las pretenciones de las Farc y la condescendencia en ciertos puntos del Gobierno.
Además, las presuntamente extintas Autodefensas Unidad de Colombia -AUC- efectuaron un proceso de extinción de dominio irregular e ilegal en grandes haciendas en departamentos como Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar, afectando a pequeños propietario a fin de beneficiar a sus benefactores.
De acuerdo con el Gobierno y la guerrilla, esta dinámica ha ocasionado que el agro no progrese de forma integral y que muchas extensiones de tierra cultivable esté inutilizada.
Ante tal coyuntura, el acuerdo final advierte que se va a luchar contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra y garantizar los derechos de los colombianos que son legítimos poseedores y dueños, y evitar que la violencia sea la vía para resolver los conflictos territoriales.
Para tal fin, se crearán mecanismos ágiles que permitan resolver los litigios entre víctimas y grandes latifundistas, a la vez que habrá regulación de la propiedad de la tierra y se priorizarán los sectores con mayores índices de impacto por el conflicto armado.
Adicionalmente, se concretará la formación del catastro e impuesto predial rural, que tiene como objetivo financiar los programas de créditos y subsidios para pequeños propietarios, con la finalidad última de impulsar un desarrollo agrario.
Este es sólo uno de los puntos del acuerdo final pactado entre Gobierno y Farc en Cuba, y que usted podrá refrendar o derogar el próximo 2 de octubre. Para leer todo el primer punto de los acuerdos, visite el sitio web oficial.
