Posiciones encontradas frente al ingreso de campesinos a la U. de A.

Durante 2013, un grupo de desplazados por el proyecto Hidroituango, de EPM, se tomó el Coliseo de Deportes de la universidad durante varios meses. 

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Los campesinos intentaron acampar en la Universidad, antes de la reacción policial. Foto: CORTESÍA.

La ocupación de la ciudadela universitaria de la U. de A. por parte de casi 200 campesinos provenientes del municipio de Ituango generó reacciones encontradas; aunque hay apoyo a la causa de los desplazados, presuntamente afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico que se ejecuta en dicha región, también hay rechazo hacia movilizaciones que afecten la armonía del claustro educativo.

Por una parte, el representante a la Cámara por Antioquia, Víctor Correa, indicó en un comunicado que el «mayor deber jurídico del Estado es prevenir las violaciones frente a los derechos humanos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político».

Alegó, por ejemplo, que la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Ramírez, habría calificado irresponsablemente al movimiento campesino Ríos Vivos de pertenecer al Eln, por lo que solicitó a la funcionaria «una retractación pública» de dichos señalamientos.

Asimismo, reclamó que se garantice el derecho a la protesta social, que la fuerza pública se abstenga de violar los derechos humanos de los movilizados y que se dé cumplimiento a los compromisos previos hechos por la Gobernación para con los campesinos.

«Entre las personas que se encuentran en las instalaciones de la Universidad de Antioquia se encuentran madres gestantes y lactantes, menores, personas en situación de discapacidad y adultos mayores«, agregó el comunicado, en el que Correa señaló que la Secretaría de Gobierno de Antioquia está «ejerciendo presiones indebidas sobre la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, amenazando con llevarse los niños bajo la argumentación de que están en condiciones no aptas».

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, no quiso referirse a la ocupación de la Institución, sino a la reacción que tuvo la Policía y los escuadrones Antidisturbios, quienes evacuaron pacíficamente a los campesinos.

«El desalojo se realizó con respeto y calma y no se dejó crecer la situación como en casos anteriores, cuando este tipo de tomas se prolongaban por meses», precisó Pérez, quien añadió que «pedirá una explicación a las autoridades de la universidad sobre el porqué no se tomaron medidas para prevenir este tipo de irrupciones en el campus universitario».

Asimismo, reiteró su voluntad de diálogo frente al proyecto de Hidroituango, que según los campesinos ha causado afectaciones enorme al medio ambiente y a su vida cotidiana.

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Los campesinos, al momento del desalojo. Foto: CORTESÍA.

Entretanto, Mauricio Alviar, rector de la Universidad de Antioquia, rechazó que los supuestos desplazados pernoctaran en la Alma Máter. «Me preocupa mucho que este tipo de acciones ocurran. Entiendo las razones que puedan tener estos grupos de personas, y lo lamento desde el punto de vista humano. Pero asumo posición de defensa frente a la universidad y su comunidad estudiantil«, manifestó el Rector.

También señaló que «esa no es la manera de tomarse un espacio dedicado para la educación y cultura», pues las personas que ocuparon el claustro «ponen en peligro su propia integridad y también de la comunidad universitaria».

Precisamente, hizo un llamado a las comunidades y movimientos que se tomaron la ciudadela con el fin de evitar convertir la universidad en algo distinto a lo que está destinada. «La Institución puede ayudarlos en sus problemáticas con otros servicios, pero no refugiándolos«, puntualizó.

Además, aseguró que tomará medidas para que no repitan este tipo de situaciones. «Estaremos muy atentos y organizaremos mejor la vigilancia. Pero estamos en indefensión ya que no tenemos vigilancia armada, por lo que el llamado es para que la sociedad defienda a la universidad de estas prácticas», concluyó.

Los campesinos ingresaron a la Universidad hacia las 9:00 de la noche del lunes, y fueron desalojados a las 3:00 de la madrugada del martes, aproximadamente. Pasaron el resto de la noche en una edificación sin uso de la Universidad de Antioquia en el centro de Medellín, lugar donde aún esperan soluciones a su problemática.

En este momento funcionarios de la Gobernación de Antioquia, incluyendo al Gobernador, se encuentran reunidos con los campesinos afectados en busca de soluciones a la problemática. 

Acerca de David Esteban Álvarez Ortiz

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Soy periodista, locutor e historiador en formación. Aficionado a la cocina, al cine, al fútbol y al baile, creyente de la educación como motor de cambio. Redactor de economía y derechos humanos.

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