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Según la Administración Municipal, muchos de los habitantes de calle se han negado a acceder a la oferta institucional de rehabilitación y reinserción social.
Por lo menos 400 habitantes de calle retornaron al sector aledaño a la Plaza Minorista y a la sede central del Sena, después del desalojo que sufrieron en meses pasados en ese mismo sector en un operativo institucional.
Según Julio César Piedrahita, gerente de la Minorista, estas personas llegaron desde el jueves a los alrededores de la Minorista, en el corredor comercial de la Avenida Ferrocarril, luego de su desalojo el 8 de abril pasado.
«Los habitantes de calle generan perjuicio a todo el corredor comercial, a la Minorista y el Sena, por la ola de inseguridad que producen y el consumo permanente de estupefacientes», indicó Piedrahita, quien precisó que hay evidencias de ataques por parte de ellos a transeúntes y compradores de la Minorista, lo cual provoca que la ciudadanía se resista al ir de compras a la Plaza Central.
«En el pasado han habido atracos e incluso homicidios entre ellos, además de agresiones a motociclistas. A una chica en una moto le cortaron la cara para robarle», indicó Piedrahita.
Dicha información la pudo constatar El Palpitar. Precisamente, un habitante de calle que se aloja actualmente en el sector mencionó que, cuando los iban desplazar de donde estaban anteriormente (puntos dispersos en el centro de la ciudad), ellos ya tenían conocimiento gracias a «informantes». Además, manifestó temor por su vida por la situación crítica de salud e higiene que hay en el sector.
Soluciones de fondo
Según Julio César Piedrahita, la situación es compleja y requiere un tratamiento institucional que sea radical y específico. «No hemos hablado con la Secretaría. Las soluciones que hay son los centros de atención que hay para ellos, los cuales no son suficientes y además no son obligatorios, sino voluntarios», explicó el Gerente.
Siguiendo la normativa jurídica y constitucional, la oferta institucional puede ser llevada a los habitantes de calle, sin embargo, no puede ser de ninguna manera impositiva. Es decir, mientras alguien no desee acudir a un centro de atención, no se le puede obligar a hacerlo.
«Confiamos en que haya sapiencia y que ofrezcan alternativas a los habitantes de calle. Pero tiene que ser una política pública, en especial en su salud. Una solución de fondo por parte del Estado», indicó Piedrahita.
De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Medellín, actualmente unas dos mil personas reciben atención personalizada, en tanto que otros mil 500 -por lo menos- no acceden a las oportunidades de reintegración social que ofrece el Municipio.
