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Asimismo, el presidente Juan Manuel Santos abrió la convocatoria para los interesados en ejercer el importante cargo, que quedó vacante este lunes.
Tras cuatro años al frente del ente acusatorio, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, dejó su cargo en medio de un ‘mar’ de polémicas por sus posturas políticas, contratos de reputación dudosa e investigaciones parcializadas, según diferentes voces de la opinión pública.
De acuerdo con Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico y docente de la Universidad Eafit, el principal «pecado» de Montealegre fue «politizar la rama judicial«, además de guardar una estrecha relación con el polémico expresidente y actual secretario General de Unasur, Ernesto Samper.
«El fiscal actual tuvo posturas políticas que fueron de conocimiento público para el país», dijo Escobar, quien explicó que la rama judicial estuvo claramente parcializada a favor del gobierno de turno, especialmente en el tema del proceso de paz.
Además de dichas controversias, los contratos con la firma de Natalia Springer, sus rifirrafes con la excontralora Sandra Morelli por el desfalco y desvío de recursos por parte de Saludcoop, y su posición crítica frente al Centro Democrático, propiciaron que a su gestión se le calificara como «la más política de la historia».
A esto se refirió Andrés Guerra, excandidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, quien precisó que durante el período del fiscal saliente no se vio «independencia en las ramas del poder», pues se vio un Judicial muy cercano y políticamente afín al Ejecutivo.
«Sus posturas frente al proceso de paz y su persecución al Centro Democrático» fueron aspectos en los cuales se evidenció que Montealegre tenía empatía con el gobierno Santos, aseveró Guerra; en tanto que sus declaraciones en medios de comunicación dejaron entrever un afán de protagonismo.
Por otra parte, los indicadores de gestión de la Fiscalía tampoco fueron positivos. Casos como el de Andrés Colmenares o las investigaciones en torno al magnicidio de Luis Carlos Galán y el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, develaron una problemática que, aunque no es nueva, se mantuvo durante el último cuatrienio: la lentitud del sistema judicial colombiano.
Según el docente Escobar, aunque las intromisiones políticas del Fiscal son controversiales, lo que más afecta «al ciudadano del común» es la tardanza e ineficacia de la justicia en delitos del orden civil y penal. «A una persona que lleva tres años en la cárcel esperando una condena, quizá siendo inocente, le afecta ese letargo», mencionó.
No obstante los retrocesos, también hubo avances en el ente acusatorio. En conformidad con el último balance de gestión, publicado en 2015, Montealegre destacó «la modernización de la Fiscalía», proceso que «se materializó mediante la conformación de direcciones estratégicas, cuerpos de policía judicial especializados, nuevas seccionales y el fortalecimiento de otras».
Asimismo, la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, fue una medida aplaudida por muchos abogados y reconocidos juristas, ya que ésta permite ahondar en los casos de violaciones de derechos humanos en el país.
Una nueva Fiscalía imparcial y efectiva
Cuando Montealegre fue electo fiscal general el 22 de marzo de 2012, se esperaba que los procesos judiciales se agilizaran y que a través de su labor se fortaleciera el aparato fiscal, con el fin de acabar con la impunidad y la injusticia.
De acuerdo con Escobar y Guerra, la labor del nuevo Fiscal se debe centrar en ese aspecto, además de la neutralidad en el contexto político y un rol imparcial en el proceso del posconflicto.
«Es vital que el nuevo Fiscal no evidencie sus posturas políticas y que no aplauda la labor del criminal», señaló Escobar, mientras que Guerra solicitó que la Fiscalía debe entender que no hay que privilegiar a ningún sector político del país, «pues la justicia es para todos los colombianos».
Justamente, el Presidente anunció que hasta el 3 de abril habrá plazo para que los interesados en ejercer el cargo de fiscal envíen sus hojas de vida a convocatorias@presidencia.gov.co.
Entre los requisitos mínimos para entrar en el proceso de selección, se encuentran que los aspirantes sean ciudadanos colombianos y que no hayan sido sentenciados ni privados de su libertad, a excepción por un delito político o culposo.
«También deberá haber desempeñado, durante 15 años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente», precisó el presidente Santos.
