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Las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia, podrían ser unas de las peores en América.
Las desapariciones forzadas de campesinos, sindicalistas, activistas y muchos otros, son cuestiones diarias. La mayoría, se esfumaron a manos de paramilitares, guerrilla y, en algunos caso, de los cuerpos militares.
“Porque nosotras sufrimos en carne propia lo que se presentó con el conflicto armado. Nosotras no solamente lloramos los primeros días, sino que seguimos trabajando a favor de otras víctimas a las que no les permiten hablar ni contar sus propias experiencias y a veces se les negaba el derecho a denunciar”, afirma Teresita Gaviria, líder de las Madres de la Candelaria, un grupo de mujeres que se reúne para trabajar y pregonar por los desaparecidos, muchos de ellos familiares.
Los miles de desaparecidos en Colombia
Según cifras del Registro Nacional de Desaparecidos (RND) reveladas por la Defensoría del Pueblo, en Colombia, entre los años 1938 y 2015, se han reportado un total de 94 mil 275 personas presuntamente desaparecidas.
Más aún, sólo en el 2014, se reportaron cuatro mil 539 personas presuntamente desaparecidas 99 de las cuales habrían sido en casos de desaparición forzada.
Las cifras, sin embargo, muestras un descenso luego de que en el 2011 se alcanzara un récord anual de siete mil 966 personas presuntamente desaparecidas.
Estos datos, fueron ofrecidos por las entidades luego de que la Defensoría del Pueblo lanzara el protocolo para la entrega digna de cadáveres, mecanismo con el que la entidad pretendía que los funcionarios encargados de la investigación, búsqueda, exhumación y entrega de cuerpos de personas desaparecidas, tuvieran unas normas mínimas.
“Con este instrumento se busca humanizar la entrega de los restos y cadáveres de las víctimas a sus familiares y que se tenga en cuenta de manera integral el contexto en que ocurrió la desaparición forzada, con el ánimo de garantizar el respeto para las víctimas sin distingo de ideología, condición social, de género, raza o credo”, destacó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
“Tenemos que buscar a los desaparecidos en el País. Tenemos que buscar a los responsables de las masacres. Tenemos que buscar a los responsables de cientos de personas que mataron en el país”, sentencia doña Teresita Gaviria.
“Los familiares de víctimas sufrimos la falta de solidaridad de la sociedad, del Estado y de las autoridades que no fueron diligentes para investigar las desapariciones”, recalca una enfática Teresita, quien lidera a la organización conformada por más de 800 familias que reclaman por la desaparición de más de mil personas.
Y es que según el Centro de Memoria Histórica, en Colombia 813 municipios han sufrido casos de desaparición forzada desde comienzos de los años 70. De esos casos, por ejemplo en Medellín, entre 2010 y 2013 fueron denunciados dos mil 526 casos. Tras esa cifra, mil 17 de los reportados aparecieron vivos;147 fueron encontrados muertos y los restantes, mil 272, permanecen desaparecidos.
El consuelo de las víctimas
Casos como el de La Escombrera, en Medellín, es quizá uno de los paliativos más grande que históricamente han tenido las familias de las víctimas. Allí, cientos de toneladas de tierra guardan la que podrían ser la verdad para muchos y el fin de un karma llamado incertidumbre, para otros.
De acuerdo con los datos entregados por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, en Colombia han sido encontradas cuatro mil 649 fosas, con cinco mil 978 cuerpos; de estos, mil 17 han sido establecidos como cuerpos con posible identidad y han sido entregados dos mil 934.
En el caso de La Escombrera, por ejemplo, y de acuerdo con los testimonios de familiares de desaparecidos, se calcula que fueron sepultados varios centenares de cuerpos.
«Son muchos años de mucho sufrimiento, de muchas víctimas. y hoy me siento muy satisfecha porque no estamos solas», manifestó Teresita Gaviria luego de una sesión plenaria en la que participó el nueve de septiembre de 2014, luego de ser ratificada como la primera antioqueña que viajaba a La Habana, como víctimas, para hacer parte de la mesa de diálogos.
«Nosotras nos inventamos unos programas: primero visibilizar la problemática de la desaparición forzada, que yo creo que es un problema muy difícil», anotó doña Teresita.
Para las Madres de la Candelaria, el caso de las exhumaciones será siempre el primer paso para lograr dar con una verdad que les es esquiva desde hace muchos años.
«Estamos con las víctimas de la desaparición forzada para ayudarlas (…) este es nuestro dolor, esta es nuestra angustia, este es el flagelo que estamos soportando desde hace ya trece años. Yo no me retiro del atrio de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria hasta que no aparezca el último desaparecido; es un compromiso serio, esa es mi responsabilidad…».
Y es que ni la tierra ni el olvido del Estado por tantos años, borran las huellas de los desaparecidos. Para sus madres, padres, hermanos, hijos… las esperanzas siguen plasmadas y sembradas en la verdad, en la verdad de procesos que avanzan y otros que se ahogan en medio de peles legales y falta de ayuda de los victimarios.
El problemas de los desaparecidos pasó de ser sólo de unos ausentes de quienes no se tienen noticias, el problema es de los presentes, los que esperan, los que añoran, los que confían. El problema de los desaparecidos es la angustia de los corazones de las madres que no encuentran la calma.
