La Defensoría del Pueblo ya puso el tema en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, alertó sobre el preocupante panorama que ronda la salud de los presos en las cárceles de Antioquia, ante la suspensión de los servicios de atención en los 19 establecimientos de ese departamento.
La situación, que comenzó el pasado 27 de julio, debido a la no renovación de los contratos suscritos con el personal médico, pone en riesgo a la población carcelaria, máxime si se tiene en cuenta la posibilidad de una propagación de tuberculosis en por lo menos dos establecimientos, ya que en Itagüí han sido identificados cuatro casos de internos contagiados, mientras en Bellavista hay tres enfermos que no han recibido ningún tipo de atención por parte de Caprecom.
«Desde hace ocho meses, la Defensoría del Pueblo viene documentando una sensible desmejora en la asistencia a los reclusos en el departamento de Antioquia. En junio del año pasado, por ejemplo, se advirtió cómo de los 19 establecimientos, sólo siete contaban con personal médico, circunstancia que llevó a la Entidad a instaurar una acción de tutela para restablecer los derechos de las personas privadas de la libertad», informó la entidad a través de un comunicado.
De otro lado, el pasado once de marzo, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, emitió una Resolución Defensorial, exigiendo a las entidades responsables «dar cumplimiento a lo previsto en la legislación, a fin de garantizar la atención en salud de los internos».
Sin embargo, durante visitas de inspección posteriores, la Defensoría evidenció casos lamentables como el de una persona que ingresó con tutor externo por herida de proyectil en una de sus piernas, sin que le hayan hecho curaciones ni se haya retirado el implante cuatro años después de realizado el procedimiento.
Así mismo, hay varios pacientes con úlceras en su piel, las cuales presentan claros síntomas de infección, sin ningún tipo de tratamiento.
Por lo anterior, además del incidente de desacato que interpondrá la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, la Defensoría del Pueblo puso el tema en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía, para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se establezcan las sanciones a que haya lugar.
