La Justicia Penal Militar estaría frenando a los fiscales en las investigaciones y acceso a casos de “Falsos Positivos”.
El informe, publicado por Human Rights Watch (HRW), revela que los altos mandos del Ejército de Colombia, Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares; y el general Jaime Lasprilla, hoy al frente del Ejército, sabían o deberían haber sabido que en sus jurisdicciones se realizaron este tipo de ejecuciones extrajudiciales.
Los hechos se habrían presentado entre los años 2006 y 2009, época en la que el general Rodríguez dirigió (2007 y 2009) una brigada que está siendo investigada por presuntamente haber cometido al menos 28 falsos positivos y en la que el general Lasprilla comandaba otra brigada investigada por 48 casos cometidos entre 2006 y 2007.
De acuerdo con el informe de la ONG, “existen amplias evidencias que sugieren que coroneles y generales del Ejército sabían o deberían haber sabido de los llamados falsos positivos, e incluso podrían haberlos ordenado”.
El pronunciamiento se da justo luego de que este martes 23 de junio, la Fiscalía General citara al excomandante del Ejército, Mario Montoya, junto con otros tres oficiales retirados de esa institución, para que declaren por sus posibles nexos con los falsos positivos. Montoya, recordado por la operación “Orión” en la Comuna 13 de Medellín, sería investigado por omisión en caso de falsos positivos cuando estuvo al mando del Ejército Nacional.
En otro aparte del informe, “HRW realizó un análisis de los datos que maneja la Fiscalía y concluyó que 180 batallones habrían cometido ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. También tuvo acceso a expedientes penales y a testimonios de militares implicados en estos casos que afirman que sus superiores, presuntamente, conocían o facilitaron los falsos positivos.
Para Human Rights Watch, la base testimonial de su investigación parte de dos exoficiales que contaron que durante más de un año se reunieron semanalmente con el comandante del batallón al que pertenecían para “planificar falsos positivos bajo un mismo modus operandi”.
El informe de la ONG, señala además una dificultad en el acceso a la información por parte de los fiscales, quienes se ven detenidos por la Justicia Penal Militar.