Para el primer trimestre de 2015, fueron programadas 106 mil 349 diligencias de las cuales más del 28% no se llevaron a cabo.
La Defensoría del Pueblo propuso que se realice una programación sistematizada para organizar las audiencias en el sistema penal acusatorio, al afirmar que la suspensión y cancelación de diligencias judiciales viola los derechos de las víctimas y de los procesados.
Según los datos entregados por la Defensoría, en 2014 más del 30 por ciento de las audiencias programadas en el sistema penal acusatorio no se llevaron a cabo.
Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, urgió la puesta en funcionamiento de una programación sistematizada y afirmó que “es lamentable que en pleno siglo XXI y con los adelantos tecnológicos que existen, no hayamos podido implementar una herramienta sencilla para armonizar al sistema acusatorio y a sus diferentes actores”.
El funcionario, además, reveló que de 373 mil 711 audiencias programadas para esa vigencia, 118 mil 597 no fueron realizadas por distintas situaciones atribuidas a los fiscales, a los jueces, a los defensores y al Inpec, entre otros.
El Defensor recalcó que la suspensión y cancelación de audiencias constituye no sólo una violación a los derechos de quienes están vinculados a los procesos y a los derechos de las víctimas que esperan una respuesta del Estado, sino también un desperdicio presupuestal para el erario público.