El proyecto de ley estatutaria logrará una mejor administración de los recursos de la Rama Judicial y la construcción de una política pública.
La aprobación de la ley Estatutaria para la Administración de Justicia estaría cerca de acaba con el nombramiento de funcionarios en provisionalidad de manera discrecional y todos los nombramientos deberían comenzar a recaer en funcionarios y empleados de carrera, y utilizar el registro de elegibles.
«Se acaban los nombramientos a dedo de funcionarios judiciales, y se reduce la figura de los jueces de descongestión para los casos en donde sea absolutamente indispensable e incluso cuando sean necesarios va a ser por un tiempo limitado de dos años», afirmó el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
Igualmente, Reyes agregó que «en términos generales, esta Ley desarrolla el principio de la meritocracia para que sea mucho más transparente la elección de los funcionarios judiciales».
Esta propuesta, como otras incluidas en el Proyecto de Ley Estatutaria para la Administración de Justicia, fue concertada con mil 100 personas de todo el país quienes participaron en ocho encuentros regionales durante la confección del texto radicado por los Ministros del Interior y de Justicia.
El proyecto de ley estatutaria logrará una mejor administración de los recursos de la Rama Judicial y la construcción de una política pública que tenga en cuenta a todos los miembros de la Rama.
A su vez y como otro de los puntos fundamenta, la nueva Ley propiciará la transparencia y la rendición de cuentas y fomentará la equidad de género y el mérito en la selección de magistrados de las altas cortes.
«Así mismo se crearán unas gerencias regionales para que las necesidades de las distintas regiones se incluyan en la conformación de los despachos judiciales. Esto ayuda muchísimo a la regionalización de la administración de justicia, ayuda a acercar muchísimo más la justicia a los ciudadanos», sostuvo el alto funcionario.
Dentro de esta descentralización de la administración de justicia, se propone flexibilizar la estructura de los juzgados, para que el personal que labore y los modelos de gestión de cada uno de ellos sean acordes a la demanda de justicia en la zona y los modelos procesales vigentes.
