Los militares quienes no se acojan a la Justicia Transicional, podrían soportar penas hasta de 40 años impuestas por la justicia ordinaria.
La advertencia la hizo este miércoles el fiscal General, Eduardo Montealgre, quien ratificó que ante una eventual firma del acuerdo de paz, los miembros de la fuerza pública deberán hacer parte de la Justicia Transicional para poder gozar de los beneficios de la misma.
Si los miembros de la fuerza pública, no entran en Justicia Transicional, es imposible hacer reducciones significativas de penas para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por miembros de la fuerza pública en el conflicto”, sostuvo en jefe del ente acusador.
Añadió que de lo contrario, los militares se deberán someter a las penas establecidas por la justicia ordinaria.
“Si los militares deciden o los integrantes de la fuerza pública no quieren entrar en la Justicia Transicional, se expondrán, entonces, a las penas ordinarias de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que son sanciones privativas de la libertad que pueden superar los 40 años de prisión”.
Aseguró Montealegre, que lo que se busca con este tipo de aplicaciones en justicia, es que Colombia maneje el modelo internacional que se ha utilizado cuando los países avanzan de regímenes dictatoriales hacia modelos democráticos, y de estados de guerra a naciones de paz.
“Lo que justifica una reducción significativa de penas para crímenes internacionales, es el marco de la Justicia Transicional que precisamente han diseñado los países en los últimos 50 años para hacer transiciones de la dictadura a la democracia y de la guerra a la paz”.
Finalmente, el Fiscal enfatizó en la necesidad de que se hagan sacrificios para buscar consolidar la paz, como una invitación a aquellos miembros de las fuerzas militares quienes permanecen reacios a acogerse a la Justicia Transicional.
“La necesidad de consolidar la paz o de consolidar la democracia, justifica restricciones fuertes a otros derechos, como el derecho a la justicia, que tiene un componente de justicia retributiva, que se traduce en la reducción de penas”.