El Municipio, a través de una unidad de inspección, fijó plazos y requisitos para permitir que los comerciantes continúen con sus actividades.
Hasta el 30 de marzo tendrán plazo los comerciantes ubicados en uno de los miradores de la vía Las Palmas, que comunica a Medellín con el Oriente antioqueño, para cumplir la normativa que les permita proseguir con sus labores en dicho lugar, que es propiedad de un particular y que, además, presenta fallas geológicas.
El pasado martes, 8 de marzo, a las 5:00 de la tarde, la Administración Municipal se reunió con los vendedores afectados para argumentar el porqué de la decisión y evaluar posibles soluciones. Allí estuvo presente el concejal medellinense Jesús Aníbal Echeverry, quien mencionó que la posibilidad de un desalojo es, al menos por ahora, lejana.
«Los comerciantes están en un sitio de alto riesgo y que es privado por lo que la inspectora les dio plazo hasta el 30 de marzo para mejorar ciertos aspectos», indicó el corporado, quien agregó que los objetivos a corto plazo se resumen a «obtener el permiso del propietario, intervenir el sitio con obras de contención y así brindarle seguridad al que vaya a hacer sus compras».
Uno de los comerciantes, en diálogo con EL PALPITAR, expresó su descontento ante la situación. «Llevo aproximadamente 20 años laborando aquí, y nunca había salido algún propietario [sic]. Inclusive, creíamos que el terreno era del Municipio, pues las autoridades nos visitaban y nos colocaban horarios y reglas», señaló.
No obstante, por ley, el propietario tiene prioridad sobre el predio, por lo que será necesaria una negociación con él a fin de ejecutar acciones en el terreno, que presenta irregularidades y que pone en riesgo la vida de los que trabajan allí y de los visitantes.
Sin embargo, Echeverry precisó que son necesarios nuevos análisis del suelo para establecer conclusiones claras y verídicas sobre el estado de éste. «Los estudios de dicho lote se hicieron en 2009. Como es posible que haya sufrido cambios, esperamos realizar nuevos estudios con base en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial -POT-«, puntualizó.
De darse un desalojo, más de 50 propietarios y trabajadores de los negocios que allí funcionan quedarían sin una fuente de ingresos.