El punto de Implementación, Verificación y Refrendación, sigue en la mesa de discusiones.
El pasado 19 de noviembre se conmemoraron tres años desde que en La Habana, Cuba, el Gobierno y las Farc comenzaron a hablar para buscar, conjuntamente, el fin del conflicto armado con este grupo guerrillero en Colombia.
Ese día, la meta era la paz y en 2015, tres años después y luego de 44 rondas de diálogos, ya hay cinco de seis puntos avanzados tendientes a que próximamente se firme un acuerdo definitivo que cierre la disputa Farc – Estado, la más longeva en el mundo.
“Hace tres años llegamos con el objetivo de poner fin al conflicto y hoy, a pesar de las dificultades, nuestro compromiso sigue intacto. Hemos avanzado como nunca antes en un proceso de paz con las Farc”, afirmó Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno.
Aquel día, el presidente, Juan Manuel Santos, anunció que intentaría acelerar los diálogos para logra la firma. Antes, en septiembre durante la firma del acuerdo de Justicia, Santo había insinuado que el marzo de 2016 se llegaría a la firma del acuerdo final.
Acuerdos pactados
El primer punto de la agenda, el de Desarrollo Agrario Integral, fue pactado el 26 de mayo de 2013, seis meses después de comenzadas las negociaciones y tras el primer anuncio de cese unilateral al fuego.
Este primer punto de la agenda diálogos, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, y contribuye a la construcción de una paz estable y duradera.
“Un punto fundamental allí es el tema del uso y la redistribución de la tierra. Hay concentración de las tierras en muy pocas manos y yo creo que es fundamental que ese tema, el tema agrario, se toque, y que se le de la posibilidad a miles y miles de campesinos que no tienen tierra o tierra de manera insuficiente”, destaca Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.
Igualmente, busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en un plazo de diez años, sumado a la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía familiar.
«Celebramos, de veras, este paso fundamental en La Habana, hacia un pleno acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto», afirmó el presidente Santos en aquel entonces a través de su Twitter.
De otro lado, seis meses después, el 6 de noviembre de 2013 y luego de 16 rondas, el Gobierno y las Farc acordaron el segundo punto: Participación Política.
Este punto busca “una apertura democrática para construir la paz y tiene como ideal que la construcción y la consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requieren de una nueva apertura democrática, con la consolidación de los derechos de oposición, el reconocimiento y trámite pacífico de los movimientos sociales, garantizando que el derecho a la protesta no implique el menoscabo de los derechos de quienes no participan en ella”.
“Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana”, afirmaba el comunicado conjunto leído en su momento por el diplomático cubano Rodolfo Benítez.
Sobre este tema, el Director de Forjando Futuros afirma que “el acuerdo político es para que se deje de disparar, para que se dejen de utilizar las armas y convertirlo en una plataforma de ideas que la gente decida electoralmente si las respalda o no”.
Más adelante, como si fuera un esquema en tiempos, pasaron seis meses más, hasta mayo de 2014, para que los equipo negociadores establecieran un acuerdo sobre el tercer punto en la agenda, el de Drogas Ilícitas.
En este punto, el documento firmado en La Habana pactó que para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
Así, en el marco del fin del conflicto, Farc y Gobierno establecieron que será posible dar un tratamiento diferenciado a este problema, promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la trasformación de los territorios afectados.
“Se viene superando el tema de las fumigaciones masivas de cultivos, tiene que haber unas modificaciones en este terreno en la política de lucha contra las drogas en Colombia. Tiene que haber una participación de las Farc en quitar los cultivos ilícitos que hay en el país y quitarles su custodia, pero es un fenómeno que depende también de un relacionamiento internacional, de acuerdos, normas y convenios”, destaca Vega.
En ese entonces, el presidente Santos afirmó que “ya cruzamos la línea media y podemos decir que adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final que todos queremos: la terminación de la guerra en Colombia”.
Igualmente, el Mandatario afirmaba que ese acuerdo le permitiría a su Gobierno arremeter en la “lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos y al tráfico de insumos, que pretendan seguir utilizando nuestro territorio para cumplir con sus propósitos criminales”.
Luego de este acuerdo, tuvieron que pasar 16 meses para volver a tener nuevas y buenas noticias en relación con lo que pasaba en La Habana. Pasaron hostilidades, presiones, discusiones y un nuevo cese al fuego, para que desde Cuba llegaran noticias.
Esta vez, fue el punto de Justicia Transicional el que ocupó la atención de los colombianos. Dentro de los puntos destacados, se encuentran la creación de un Tribunal o jurisdicción especial para la paz, que se establecerá tanto para guerrilleros desmovilizados como para militares quienes hayan cometido delitos dentro del conflicto.
“El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH (Derecho Internacional Humanitario), el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”, afirmó el acuerdo pactado.
A su vez, ese día se dio a conocer sobre el acuerdo de justicia que “en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”.
“Tiene que haber verdad, no puede ser exactamente una cacería de brujas, no puede ser para salir a perseguir a todo el mundo ese tribunal. Es fundamentalmente para que haya verdad (…) es que si no hay verdad, no hay minimamente una sanción social”, recalca Gerardo Vega.
El acuerdo, estipuló que los delitos antes mencionados serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz
Finalmente, el pasado 15 de diciembre, sólo tres meses después de los detalles sobre Justicia y cuando apenas los colombianos asimilábamos los temas establecidos en este punto, el Gobierno y las Farc aparecieron para anunciar que ya había acuerdo sobre el quinto punto en la mesa de diálogos, se trataba del Acuerdo de Víctimas; este acuerdo incluye la Jurisdicción Especial para la Paz y Compromiso sobre Derechos Humanos.
“No es retórico decir que la firma del acuerdo de reconocimiento de las víctimas, nos acerca al fin del conflicto. Hoy, como en cinco oportunidades previas, contamos con víctimas del conflicto. A ustedes, toda la consideración y respeto por su dolor. Para nosotros, sus historias han sido el principal motor para llegar a este acuerdo”, afirmó en su momento desde La Habana, Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno.
De su lado, Iván Márquez, líder del equipo de las Farc en La Habana, afirmó que: “No de otra manera podríamos hablar de la responsabilidad colectiva que a todas las partes involucradas en el conflicto concierne (…) todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor manera de alcanzar la recuperación de la moral social y alcanzar un bienestar general”, afirmó el líder de las Farc.
“El tema central es que haya reparación, que haya verdad, que haya justicia y eso es para las víctimas, para quienes fueron afectados y sufrieron el conflicto armado. Indiscutiblemente las víctimas han tenido un reconocimiento importante en el proceso de negociación”, enfatizó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.
Sin embargo, muchos han sido lo detractores de este acuerdo, quienes en conjunto con lo pactado sobre Justicia, afirman que apuntan a la impunidad. De un lado, aseguran que existe laxitud en el acuerdo de Justicia; a su vez, sobre las víctimas, dicen que no existen garantías sobre la reparación, restitución y no repetición.
Una de las crítica llegó el pasado 22 de diciembre, cuando la ONG, Human Rights Watch, afirmó que en Colombia se está pactando un “acuerdo de impunidad”.
“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien agregó que “un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”.
Sobre ellos, los detractores, Gerardo Vega, quien desde su trabajo en Forjando Futuro ha estado muy cerca del proceso, afirmó que “lo que hay que hacer es ceder en justicia para lograr la paz. 50 años de guerra no caben en ningún código penal, va a ser muy duro ese asunto de esa manera. Cuando hay una violación masiva de derechos humanos de más de 50 años, hay que buscar un acuerdo para que hayan nuevas normas del juego, pero será en la votación del pueblo donde decidiremos si se sede en justicia para lograr la paz”.
