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Del Palacio salieron 30 personas. Otros 287 detenidos en calabozos de la Sijín, Fiscalía y estaciones de Policía también fueron evacuados.
La Mesa de Derechos Humanos confirmó esta tarde que 317 personas que se encontraban detenidas en calabozos del área metropolitana fueron trasladadas a centros penales del Valle de Aburrá.
Aunque no se conoce aún la cifra de cuántos de ellos fueron a cuáles prisiones, trascendió que el destino de los mismos fueron las cárceles de Bellavista, El Pedregal e Itagüí.
Para tal efecto, la guardia del Inpec, que se encuentra en paro indefinido, llegó a un acuerdo con las autoridades para permitir el ingreso de estas personas que tienen asuntos pendientes con la justicia.
La orden de traslado fue impartida el miércoles pasado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, atendiendo un fallo de tutela interpuesto por la Defensoría del Pueblo y en el que se exige que no se vulneren los derechos de la población detenida en los calabozos del Palacio de Justicia, la Fiscalía y la Sijín y en las estaciones de Policía de la Candelaria, Belén, Bello, Envigado y Copacabana.
Días antes, el 19 de noviembre, la magistrada de la sala laboral del Tribunal Superior de Medellín, Carmen Elena Castaño, notificó a la Dirección Seccional de la Rama Judicial que se abstuviera de mantener en el sótano del edificio José Félix de Restrepo a personas recluidas “que hayan sido vinculadas a procesos penales o a quienes hayan sido condenadas”. La tutela en ese caso fue interpuesta por la Mesa de Derechos Humanos del Área Metropolitana.
Por tal razón, el recorrido por los calabozos que estaba previsto para las horas de la tarde de hoy y en el que tomarían parte el general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana, y representantes de la Onu y la Cruz Roja, fue cancelado.
En los calabozos, los internos solo deben estar por un periodo de 36 horas y la custodia debe estar a cargo del Inpec. Nada de esto se cumple, según el Tribunal, que añadió en el fallo que ordena el desalojo, que estos sitios no cuentan con las facilidades requeridas para atender condiciones mínimas de alimentación, visitas, sanidad y seguridad interna para los detenidos.
