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El consorcio encargado de la construcción podría generar una demanda para la Nación por un billón de pesos.
Las dudas que sigue generando la construcción del Túnel de El Toyo, entre los municipios de Giraldo y Cañasgordas, en el Occidente de Antioquia, podrían causarle al Departamento y a la Nación una millonaria deuda propiciada por la suspensión del pago de los anticipos al contratista, opción que nacería desde la Gobernación de Antioquia por las irregularidades que consideran quedaron tras la firma del proyecto por parte de la administración de Sergio Fajardo.
“Nos preocupa que este es un contrato que si bien se suscribió y se licitó en la Administración pasada, esta Administración tiene algunas dudas e inquietudes en el tema ambiental y en el tema del valor del contrato”, afirmó a W Radio la procuradora Delegada para la Vigilancia, Fanny González.
González, además, confirmó que en la Secretaría de Infraestructura del departamento ya conocen sobre la preocupación fundada desde su despacho, por cuanto no pagar los anticipos podría acarrear una millonaria demanda a la Nación, casi por el valor inicial de la obra.
“La Gobernación de Antioquia y una fundación que se llama Comité de Moralidad, le han pedido a la Procuraduría que acompañe el proceso, que determine la legalidad de los contratos y que suspenda el contrato. Al respecto la procuraduría tiene una posición sobre el particular, por cuanto tenemos como función investigar a los funcionarios públicos pero no la función de determinar la legalidad o ilegalidad del contrato que es una función de los Jueces de la República”, agregó la Funcionaria.
Al respecto, sobre las peticiones del Gobierno de Antioquia, la procuradora Delegada confirmó que no es facultad de ellos entrar a suspender un contrato: “Si bien en el proceso disciplinario se puede solicitar o sugerir la suspensión, esto requiere un análisis minucioso”, enfatizó.
El contrato para la construcción del Túnel del Toyo fue firmado el pasado 15 de octubre y en él se estimó que sería el consorcio colombo-español, Antioquia al Mar, el contratista encargado de llevar a cabo el proceso de construcción del túnel más largo de América Latin, que reduciría sustancialmente el tiempo de trayecto entre Medellín y el Urabá antioqueño, y tendría un costo de 1,83 billones de pesos.
“La Procuraduría ha revisado el contrato y considera que el tema de la licencia ambiental estaba estipulada dentro del pliego de condiciones, y el convenio interadministrativo de cooperación en donde participan el Invías, la ANI, la Gobernación de Antioquia y Alcaldía, tenían conocimiento de que este proyecto no iba a tener de manera previa esta licencia”, añadió a W Radio Fanny González, procuradora delegada para la Vigilancia.
Sobre el valor del contrato, la Funcionaria afirmó que después de un análisis, “se considera que estaba estipulado dentro de ese estudio del sector los valores de este Túnel”.
Igualmente, González ratificó que le pidieron a la Administración que le cuente a Procuraduría cuál fue la fundamentación jurídica, con el fin de que el ente regulador realice un papel de mediador para evitar que el proyecto ser frenado sin el soporte jurídico correspondiente y necesario.
