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Los funcionarios del Inpec, al parecer, colaboraron con la fuga de algunos miembros de dicha organización criminal.
Tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron capturados por servidores de la Fiscalía General de la Nación, por presuntamente cooperar en la fuga de algunos miembros del Clan del Golfo a través de tutelas.
De acuerdo con la información del ente investigador, los guardias del Inpec tenían nexos con la organización delincuencial, que los utilizaba como alfiles con el objetivo de conseguir la liberación de algunos de sus miembros que se encontraban tras las rejas en el Urabá antioqueño.
Entre los apresados está la exasesora jurídica de la cárcel de Apartadó Elizabeth Cossio Carabalí y los guardianes José Manuel Hurtado y Jovany Javier Suárez Rincón. Además, a los hechos estaría vinculado el juez Antonio María Martínez Montero, contra quien pesa una condena de 9 años de cárcel por prevaricato por acción.
Según la información preliminar, el exfuncionario judicial fue declarado insubsistente por el Consejo Superior de la Judicatura, debido a que falló a favor del traslado de Rubén Darío Ávila Martínez desde Córdoba a Urabá, en febrero de 2013. Sobre Ávila, alias «Lorenzo», reposaba una condena de 32 años por homicidio, además de 70 investigaciones por otros delitos.
Al parecer, el Clan del Golfo, a través de personas naturales, instauraba acciones de tutela solicitando el traslado de los delincuentes desde la cárcel Las Mercedes, de Montería, hacia el centro carcelario de Apartadó, desde donde se fraguaban los planes de escape que contaban, claro está, con el apoyo de los funcionarios del Inpec previamente comprados.
Por tales hechos, los sindicados deberán responder ante la rama judicial por los delitos de falsedad material en documento público, falsedad personal, favorecimiento de fuga y concierto para delinquir.
