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El texto, de más de 600 páginas, se emitió en junio de 2013, pero solo fue publicado este lunes 20 de abril.
La Corte Constitucional de Colombia publicó este lunes 20 de abril, una resolución que da un plazo máximo de tres años al Gobierno para que garantice los derechos fundamentales de los presos bajo la advertencia de que, si el Ejecutivo no cumple, cerrará seis cárceles del país.
La resolución de la corte se produjo tras acumular nueve acciones de tutela en las que «una o más personas privadas de la libertad reclaman la protección del juez de tutela de sus derechos fundamentales por la violación a la que las instituciones carcelarias los tienen sometidos, debido a las condiciones indignas e inhumanas de reclusión«, según consta en el escrito.
Todas las denuncias procedían de seis cárceles, las mismas que el alto tribunal amenaza con cerrar en caso de que el Gobierno no cumpla el plazo: la de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bella Vista en Medellín, San Isidro en Popayán y la de Barrancabermeja en Santander.
En estos centros «el Estado colombiano sigue careciendo de la capacidad de tenerlos (a los reos) recluidos y privados de la libertad de manera digna» añade el texto, que establece que serán la Procuraduría y la Defensoría del pueblo, entre otros, quienes vigilarán los avances del Gobierno en este sentido.
Pese a que el escrito fue redactado en junio de 2013, los tres años de plazo que otorga al Ejecutivo para cambie la situación comenzará en cada cárcel en el momento en que estos centros reciban la resolución.
Por el momento, no está claro si todas las prisiones ya tienen el documento en sus manos.
La superpoblación de las cárceles colombianas ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la Defensoría, pero este requerimiento ha sido determinante para que la Comisión Segunda del Senado aborde el próximo martes 21 de abril, la situación en un debate de control político, indicaron fuentes parlamentarias.
El encuentro «buscará hacerle seguimiento a lo ordenado por el alto tribunal y llamar la atención del Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas que puedan resolver la crisis del sistema carcelario», indicó la oficina del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, que impulsó el debate.
