En este foro, la especialista Lina Sarmiento, de la Junta de Reclamaciones de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos de Filipinas, destacó que la reparación «es un asunto serio; no se trata solo de repartir dinero».
Un total de 503.618 víctimas del conflicto armado colombiano han sido resarcidas gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en vigor desde enero de 2012.
Según la directora de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, María Eugenia Morales, la mayor mayoría de estas personas fueron afectadas por hechos diferentes al desplazamiento forzado.
Morales destacó que «la Ley de Víctimas está fundamentada en un enfoque de derechos» y por eso la Unidad cuenta con equipos de trabajo especializados en cubrir aspectos relacionados con género, niñez, adolescencia, vejez, población Lgtbi y comunidades étnicas, lo que permite brindar asistencia y reparación de manera «integral y diferenciada».
Las declaraciones se dieron en el marco del primer encuentro de la Escuela de Reparaciones Internacional, se realiza entre este martes 5 de mayo y el próximo viernes 8, y reúne a expertos de diez países en Bogotá y Valledupar para hablar de reparación a víctimas en contextos de justicia transicional.
Por su parte, Susana Cori, secretaria técnica del Consejo Nacional de Reparación de Perú, aseguró estar «sorprendida por la similitud de los procesos de Perú y Colombia», ya que en ambos países se aplicaron medidas como el Registro Único de Víctimas y se implementaron de medidas de reparación de carácter individual y colectivo.
Entre tanto, Peter van der Auweraert, director de la División de Tierras y Reparaciones de la Organización Internacional para las Migraciones en Ginebra destacó el programa de reparación en Colombia.
«Es uno de los más ambiciosos que existen de este tipo», manifestó.
