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De acuerdo con datos de la organización, por lo menos tres mil civiles colombianos fueron asesinados por las fuerzas armadas, que los hizo pasar por guerrilleros.
Human Rights Watch -HRW- señaló este lunes 28 de marzo, que el acuerdo de paz de Colombia admite una «impunidad enorme» para los militares quienes ejecutaron civiles con el objetivo de simular el número de guerrilleros dados de baja en el marco del conflicto armado, en los denominados «falsos positivos«.
«Estamos ante un acuerdo que hace un jaque mate a la Justicia colombiana; el conjunto de ambigüedades y lagunas del acuerdo podría garantizar que responsables de falsos positivos de todos los rangos no respondan a la Justicia por esos crímenes atroces«, dijo hoy José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de la organización.
Durante una rueda de prensa realizada en Washington, Vivanco indicó que los militares responsables de los falsos positivos deben ser sometidos a la justicia penal ordinaria y no a la jurisdicción especial para la paz, que entrará a operar en el marco del posconflicto gracias al acuerdo sobre víctimas firmado en La Habana.
Además, el activista manifestó que su mayor temor es que los investigados y condenados por los hechos soliciten el traslado de sus procesos a dicha jurisdicción, con el argumento de que sus casos guardan relación directa o indirecta con el conflicto armado entre Estado y Farc.
«Hasta ahora, los únicos que han pagado por los falsos positivos son los militares de bajo rango, y no los de alto rango, a pesar de que muchos de ellos ascendieron gracias a esos falsos positivos», indicó Vivanco. (Para más información, lea: Generales Montoya y Escalante deberán responder ante la justicia por falsos positivos).
Asimismo, para la organización es preocupante que haya «resquicios jurídicos», negociados por Gobierno y Farc, con el objetivo de blindar a las altas jerarquías tanto del grupo subversivo como del Ejército.
«El concepto internacional es que al superior se le impute la responsabilidad porque debió haber conocido de los delitos cometidos por sus subordinados; con tener el control de las tropas es suficiente para saberlo», explicó Vivanco, quien alegó que el acuerdo incluye una «definición manipulada» del concepto de responsabilidad de mando militar, que permitirá que los altos rangos de las fuerzas armadas arguyan que no tenían control alguno sobre el delito.
«En el caso de los bajos rangos, podrán argumentar que no tuvieron la mayor responsabilidad y el tribunal podrá renunciar a la persecución penal. Si eso no es impunidad, que alguien defina en qué consiste impunidad», puntualizó.
Para Vivanco, esta dinámica debilita el proceso de paz y le resta credibilidad en uno de sus puntos más importantes. «El eslabón más débil en este proceso son las víctimas. Si el acuerdo se convierte en legislación, los que van a sufrir el mayor daño son los que van a tener que resignarse a un proceso que no les garantiza su reparación», concluyó.
