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Además, la CIDH advirtió sobre el abuso de la prisión preventiva en el continente y el impacto del tabaquismo en la salud.
El conflicto armado colombiano sigue siendo foco de análisis y preocupación para los organismos internacionales de derechos humanos: seis organizaciones de la sociedad civil denunciaron el pasado martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- un presunto renacer del paramilitarismo en Colombia, bajo la estructura criminal del ‘Clan Úsuga’.
Aunque el Gobierno Nacional ha enfatizado en que no es un grupo paramilitar, sino una banda criminal que hace parte de la agrupación denominada ‘Bacrim‘, los activistas afirmaron que este grupo representa una «nueva fase» del paramilitarismo en Colombia, al igual que otras organizaciones delincuenciales.
Ante el desacuerdo entre las organizaciones y el Gobierno sobre los casos de violencia, el secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, pidió a las partes que elaboren una «película común» en una reunión en Bogotá y envíen a la Comisión información sobre cómo investigan las autoridades los ataques a defensores de derechos humanos.
En otra audiencia sobre Colombia, los comisionados pidieron también diálogo entre el Gobierno de Colombia y organizaciones de derechos humanos para la identificación de las víctimas de desapariciones forzosas que tuvieron lugar durante el conflicto armado.
«Aprovechen este espacio para seguir conversando, que es una de las finalidades de la Comisión», dijo el comisionado James Cavallaro, tras escuchar versiones contradictorias de las organizaciones y el Gobierno sobre las investigaciones de desapariciones forzosas en Colombia.
Precisamente, en una audiencia en el país sobre un caso individual, la periodista colombiana, Jineth Bedoya, se alzó como «superviviente» de la violencia que le propinó hace más de 15 años un grupo de paramilitares y pidió al Gobierno que lleve ante la justicia a los agentes estatales implicados supuestamente en su secuestro y violación.
«Fuimos víctimas el día que nos violaron, hoy nos declaramos supervivientes y luchadoras», afirmó Bedoya, secuestrada en la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del 2000, cuando acudía a realizar una entrevista, y posteriormente torturada y violada por sus captores.
La periodista, quizá la cara más visible del movimiento de lucha contra la violencia sexual en Colombia, pidió hoy el «fin de la impunidad» de los agentes del Estado supuestamente implicados en su caso ante la CIDH.
Asimismo, los comisionados solicitaron limitar la prisión preventiva por ser ésta «un semillero de violaciones» de derechos. «El uso excesivo de la prisión preventiva pone de manifiesto el fracaso del sistema de la administración de justicia», consideró el comisionado Enrique Gil Botero.
La Comisión quiso con esta sesión temática poner en primer plano la urgencia de tomar medidas ante lo que considera «la mayor crisis penitenciaria» en la historia del continente, en palabras de su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, problemática que también cobija a Colombia.
Por otra parte, en la misma jornada de audiencias, más de un centenar de organizaciones de todo el continente pidieron que la Comisión se pronuncie contra el tabaquismo como «una violación de derechos humanos». No obstante, la Comisión evitó pronunciarse al respecto.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con sede en Washington, celebra esta semana las audiencias públicas de su 157 periodo de sesiones, el primero de los dos que tiene cada año.
