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En esta primera entrega, conoceremos las opiniones de los comerciantes, el Gobierno y los contradictores de la Ley.
La Ley Anticontrabando lejos está de generar tranquilidad en el gremio del comercio. Más bien, garantizó que este sector productivo se movilizara y buscara, de la mano y apoyo de sectores políticos, los mecanismos para erradicar la aprobación de la Ley que se encuentra a la espera de sanción presidencial.
La Ley, que servirá para endurecer las penas relacionadas con el contrabando, incluye ahora el delito de lavado de activos y buscará fortalecer la institucionalidad y hacerle frente a un problema que afecta la competitividad entre los pequeños, medianos y grande importadores.
Según Javier Gaviria, director Ejecutivo de la Asociación de Comerciantes de Guayaquil, AsoGuayaquil, “tal como la ley pasó, es una ley que no está dirigida a combatir el delito del contrabando, sobretodo el contrabando de gran escala, el contrabando técnico que es el que pueden hacer los importadores de confianza que son un grupo pequeño de importadores o grandes multinacionales, sino que está dirigida muchísimo a estorbar, a acosar una actividad comercial de pequeños y medianos comerciantes que hoy la ejercen de una manera muy legar”.
La ley, además, agrega un parágrafo en el que incluye modificaciones para el delito conocido como receptación (venta o adquisición de productos de contrabando) respecto de productos especialmente sensibles para la economía, este espacio pensando en el impacto del contrabando sobre la productividad y el empleo.
En este sentido, el senador, Jorge Robledo, hizo un llamado al Gobierno Nacional en el que los invita a incluir a los pequeños y medianos comerciantes en la política anticontrabando y “perseguir de verdad el llamado contrabando técnico, que equivale al 90 por ciento, que es el de los grandes importadores y se hace con la alcahuetería de las autoridades. Es inaceptable que se persiga a los comerciantes colombianos mientras se les dan gabelas inaceptables a las trasnacionales que monopolizan el comercio exterior”, dijo.
La didáctica de una polémica Ley
De otro lado, de acuerdo con un texto didáctico publicado por la DIAN, “esta Ley generará medidas legales que permitirán combatir el flagelo del contrabando como sistema, concentrando los esfuerzos del Estado en Medidas de Gran Escala para recuperar el recaudo, favorecer la competencia leal en el comercio y obtener la desarticulación de bandas…”
Así, pues, la medida unifica las sanciones aplicables, las reglas para el decomiso de mercancías y las condiciones que llevan a la suspensión de la autorización de operaciones.
Pero, ¿por qué la molestia de los pequeños comerciantes? Asegura AsoGuayaquil que ellos no rechazan los aspectos de la ley que atacan el contrabando, lo que deslegitiman del texto es que se torna “excluyente con los pequeños y medianos comerciantes, para el ejercicio de una actividad económica legítima como es la importación en condiciones de igualdad”, pues existen facilidades y gabelas para los grandes exportadores, pero a los medianos importadores se le presentan demasiados obstáculos.
A su vez y en relación con lo estrictamente planteado en la Ley, los pequeños comerciantes estarían proponiendo que el 20 de julio se presente un nuevo texto en el que se modifiquen aquellos aspectos “inequitativos” de la norma, tales como el tema de cuantías mínimas para definir que el contrabando está asociado a lavado de activos y a concierto para delinquir, y la eliminación de las barreras administrativas que afectan a pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno responde
Mientras que la DIAN se esfuerza en explicar la Ley, los pequeños comerciantes en quererla modificar y los políticos contradictores en tumbarla, Santiago Rojas, director del ente regulador (DIAN) afirmó que los pequeños comerciantes si se tuvieron en cuenta para presentar la ley y se les dejó claro que “el proyecto de ley va en contra de los cabecillas del contrabando, de los mafiosos que realmente le hacen un daño enorme a la economía de Colombia, que están poniendo a los comerciantes a competir en total desigualdad”.
Según el Gobierno, esta nueva Ley endurece las penas impuestas a los contrabandistas, sin afectar la labor de los pequeños comerciantes.
De otro lado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que “la Ley contempla aumentos importantes de penas. Por ejemplo, para el contrabando de mercancías se incrementan de cuatro a ocho años”.
Sin embargo, pequeños empresarios de Bogotá, Medellín y La Guajira, insisten en que se verán directamente afectados pues “en la norma hay un incremento exagerado de las penas contra los posibles pequeños infractores”.
Finalmente y como una manera de bajar la tensión al tema, el presidente Santos afirmó este jueves dos de junio que “los que están protestando, algunos dicen que la ley los afecta, nosotros nos reunimos con ellos y les explicamos que en nada afecta esta Ley Anticontrabando a los pequeños comerciantes. Todo lo contrario, lo que va es a facilitarles la vida porque les va a quitar competencia desleal”, manifestó.
Así, mientras que las marchas avanzan y la Ley espera por la sanción del Presidente, los comerciantes aseguran que seguirán vigilantes de las nuevas normas. Además, buscarán por todos los medios acceder al Gobierno Nacional, para presentar las propuesta de modificación de aquellos parágrafos que aún no clarifican si la norma ataca el contrabando o si es la ley anti pequeños comerciantes.
