También hay deficiencias en la prestación del servicio en los departamentos de La Guajira y Atlántico.
Aproximadamente 77 mil 800 estudiantes de 908 colegios del Chocó, quedaron sin alimentación escolar desde el pasado viernes 21 de agosto, debido a la caducidad del contrato con la empresa proveedora del servicio, Fungescol, y la ausencia de un plan de contingencia para hacer frente a la situación por parte del Gobierno Nacional.
Por tal motivo, Jorge Armando Otálora, titular de la Defensoría del Pueblo, interpuso una acción de tutela en contra del gobernador de Chocó, Efrén Palacios, con el fin de que tome acciones para restablecer y garantizar la continuidad del servicio a los estudiantes de los 29 municipios del departamento afectados.
Otálora argumentó que los alimentos que reciben en los centros educativos significa, para muchos niños del Chocó, la única fuente alimenticia que tienen. Además, dijo que el estado no debe permitir que se pase de una «alimentación deficiente a que los niños de hoy en día se queden sin ella», evidenciando la precaria situación actual del servicio en otros departamentos de la costa atlántica.
Fungescol tenía un contrato vigente hasta el 20 de agosto de este año por un valor de cuatro mil 800 millones de pesos, el cual aseguraba la prestación del servicio alimentario hasta el momento en que finalizara la vigencia del acuerdo. Con el fin de asegurar la permanencia del programa, Luis García de Brigard, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, viajó al departamento para supervisar la adjudicación del contrato a la nueva firma que prestará el servicio.
Ante la problemática, el Ministerio de Educación pondrá en marcha medidas que permitan sanear las irregularidades existentes en el programa de alimentación escolar y así evitar que esta problemática se replique en otras regiones, donde algunos contratos están próximos a vencerse.
Precisamente, la cartera educativa lanzó la semana pasada una convocatoria pública del Banco de Oferentes, a través de la cual espera encontrar empresas y entidades dispuestas a ofrecer el servicio de forma óptima; además, anunció que los criterios de evaluación para dicha convocatoria han sido reforzados, con el de verificar que los proponentes cumplan a cabalidad los requisitos financieros, técnicos, jurídicos y de experiencia e idoneidad.
