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La Fiscalía señaló que los exfuncionarios reelaboraban contratos ficticios a partir de documentos legales y así sustraer los dineros públicos de Corpourabá.
Los exfuncionarios de la Corporación Ambiental Corpourabá capturados en días pasados aceptaron los cargos que se les imputan por desfalcos a la institución por más de 2.600 millones de pesos.
Amed Ríos Linares, Diana Cristina Pineda Valderrama y Faris del Carmen Vergara Martínez aceptaron ante un juez de Medellín los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con investigaciones realizadas por el órgano judicial, estos exfuncionarios se apropiaron de 2.648 millones de pesos por medio del llamado jineteo entre 2010 y 2016. La denuncia fue formulada por la misma Corporación Autónoma Regional después de un proceso de control interno.
Al parecer, los implicados “utilizaban documento de contratos legales destinados al suministro o a la prestación de servicios, para reelaborar contrataciones ficticias y de esta manera defraudar el patrimonio público de la entidad. Los pagos se hacían por transferencias bancarias a las cuentas de los procesado o a un grupo de particulares que después les devolvían el dinero y se quedaban con una parte”.
Este escándalo de corrupción estalló a principios de noviembre de 2016, cuando el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, envió una carta al Ministerio de Ambiente sobre los hechos ocurridos en la corporación.
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Asimismo, la directora de Corpourabá Vanessa Paredes también había anunciado la separación de los funcionarios.
La Fiscalía recordó que tiene orden de captura vigente la extesorera de Corpourabá, Aracelly Alzate Aristizábal.
