Trabajadores de Metroplús denunciaron presuntas violaciones a sus derechos laborales

En total, son 250 trabajadores de Metroplús (conductores) que denuncian presuntas violaciones a sus derechos laborales y advierten que, de no cambiar la situación, podrían tomar medidas que afecten a los usuarios.

Álgida situación se presenta entre conductores de los buses articulados de Metroplús y la empresa Metro de Medellín, por presuntas violaciones a los derechos laborales por parte de la compañía.

El origen de la discusión se halla en la tercerización laboral del Metro para con los trabajadores: desde hace años, la empresa utiliza a la Fundación Pascual Bravo como contratante, por lo que se ha desobligado con respecto a los empleados, quienes han denunciado que ni la Fundación ni el Metro de Medellín les ofrecen soluciones satisfactorias a sus quejas.

Según Wilson Durango, líder de los manifestantes y secretario del Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos, entre las principales motivaciones para quejarse están «las arbitrariedades del reglamento», una supuesta rotación indebida de horarios y malos manejos a las problemáticas laborales.

«La Fundación dice que apoya a los estudiantes, pero con los horarios no les importa si uno estudia o no«, apuntó Durango, quien además indicó que el lugar donde se hallan los trabajadores mientras no están conduciendo es «una lata de sardinas», sin buena ventilación, un solo baño para 250 trabajadores y ni siquiera un horno microondas para calentar los alimentos.

Los trabajadores de Metroplús se reunieron con representantes de la Fundación, quienes, de acuerdo con Durango, les indicaron que debían dirigir sus quejas al Metro. «Pero allá nos dijeron que nosotros no teníamos ningún tipo de vínculo laboral con el Metro de Medellín, por lo que no podían solucionarnos», dijo el líder sindical.

Según la Escuela Nacional Sindical -ENS-, el Metro no ha afiliado o vinculado a los trabajadores bajo el argumento de que éstos no prestan un servicio misional, permanente o a largo plazo a la compañía, por lo que utiliza a la Fundación para tercerizar a sus trabajadores, a diferencia de los operarios del Metro, quienes pueden ganar, en ciertos casos, hasta un millón doscientos mil pesos más que un conductor de un bus del sistema integrado del Metroplús.

Eso explicaría por qué los conductores no reciben ningún tipo de subsidio de vivienda o apoyo económico extra para mantenerse en el sistema educativo.

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo advirtió tras las permanentes denuncias de los trabajadores de Metroplús que la tercerización laboral no es viable en una empresa como el Metro. El Ministerio «encontró que la conducción de los buses y la información y venta de tiquetes son en efecto actividades misionales permanentes del Metro, y en consecuencia los trabajadores que las realizan no pueden ser contratados mediante terceras empresas, porque con ello el Metro incurre en la violación de sus derechos laborales, prestacionales y constitucionales».

La respuesta del Metro se dio a través de un comunicado en días pasados, en el cual sustentó que ha dado todas las respuestas legales para que la investigación adelantada por las violaciones laborales avance sin ningún problema, lo cual no es suficiente hasta el momento para los protestantes.

«El día 19 de octubre de 2016, una vez agotadas las etapas de la investigación preliminar, el Ministerio del Trabajo emitió auto de formulación de cargos y dentro del término legal, la Empresa presentó los respectivos descargos, aportando las pruebas tendientes a ser valoradas por el Ministerio del Trabajo, sin que a la fecha se nos haya notificado decisión ni sanción alguna en relación con el tema investigado», señaló el Metro ante la sentencia anteriormente citada del Ministerio.

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Sin descartar un paro, Durango advirtió que recurrirán a todas las medidas legales posibles y que, en cualquier caso, vigilarán por no afectar a los miles de usuarios de Metroplús.

Este medio intentó comunicarse con la Fundación Pascual Bravo para conseguir su versión de los hechos y su rol como contratante de los servicios de los trabajadores del Metro y si verdaderamente se les está violando sus derechos laborales, pero no fue posible.