Gustavo Petro fue inhabilitado 12 meses por la Procuraduría

Al no estar en ningún cargo público, la inhabilidad de 12 meses para Gustavo Petro se convertiría en sueldos devengados que deberá pagar a la Nación y cuyo valor no se reveló.

El ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue inhabilitado durante 12 meses por la Procuraduría General de la Nación, por haber decretado, en 2013, el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, por encima de la negativa del Concejo de Bogotá.

Los 12 meses de inhabilidad que tendrá el ex Mandatario Distrital se convertirán en sueldos devengados que deberá pagar a la Nación, dado que en la actualidad Petro no se encuentra en el cargo.

Mediante el decreto 364 del 26 de agosto del 2013, el ex alcalde del Estado Mayor de Bogotá decretó el POT, aún teniendo conocimiento de que el Concejo Distrital aprobó la ponencia negativa del proyecto, en una sesión ordinaria el 7 de junio del mismo año.

“Petro Urrego obró en su actuar con dolo, lo que hace parte de aquellos elementos que agravan su comportamiento, pues el conocimiento del hecho, de su ilicitud y su actuar voluntario, no dan más espacio que para considerar que este elemento debe hacer parte de la dosificación de la sanción a imponer”, declaró la Procuraduría.

Según señaló la entidad, Gustavo Petro actuó con dolo, pues sabía que “con un simple análisis de la ley”, podía determinarse que el ex Mandatario no tenía la competencia suficiente para modificar el POT por decreto.

Además, la Procuraduría habló del hecho de que, en ese entonces, Petro tenía una posición de jerarquía dentro de la Administración Distrital, siendo la máxima autoridad territorial, por lo que sus decisiones influían de manera directa en todos los ciudadanos, lo que le impone una carga mayor.

Ante esta decisión, el político se expresó en su cuenta de Twitter, diciendo que: “Ordóñez aprovecha su tiempo para lograr acumular tres sanciones e inhabilitarme para la próxima campaña electoral«.

Gustavo Petro ya había sido inhabilitado de los cargos públicos, por 15 años, por parte de la Procuraduría General de la Nación, por el cambio que efectuó en el sistema de recolección de basuras de Bogotá. Actualmente, el Consejo de Estado está estudiando una ponencia que pide tumbar esta sanción disciplinaria.