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El conflicto armado con las Farc afectó mayormente a las zonas rurales de Colombia, pero expertos admiten que es necesario girar la vista hacia las ciudades para que haya una «paz completa».
Cuando más de 30 mil miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia -Auc- se desmovilizaron desde el año 2003, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se dio inicio un proceso de reincorporación fallido que desencadenó que el conflicto, otrora concentrado en el campo, se trasladara a las ciudades.
El surgimiento de las organizaciones y estructuras criminales compuestas en su gran mayoría por ex paramilitares cambió la percepción ciudadana e hizo que muchos cuestionarán la viabilidad de un proceso de paz que no contemplara penas para todos los desmovilizados, impidiendo así en primera instancia que pasaran a engrosar otros grupos armados (Lea también: ‘Clan Úsuga’, ¿paramilitarismo reinventado?).
Ese temor no es ajeno en el caso del Acuerdo Final pactado entre Gobierno y Farc. Según Luis Fernando Echavarría, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz y Reconciliación, cuando hay un proceso de desmovilización siempre hay riesgo de que haya personas que sigan delinquiendo. «Acá tenemos unas estructuras armadas preexistentes y predefinidas como las Bacrim y los grupos armados organizados, que pueden «reciclar» personas que vienen de las Farc», precisó.
A esa realidad se acoge Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, quien manifestó que «es innegable que existe la posibilidad de que algunos desmovilizados pasen a las filas de otras organizaciones». Eso sí, fue enfático al decir que ésta «no será la constante».
Las ciudades: foco de recepción de desplazados y, ¿desmovilizados?
Cascos urbanos importantes como Bogotá, Medellín y Cali fueron receptores de muchos campesinos y habitantes de las zonas rurales que, temerosos del conflicto que asolaba el campo, migraron en busca de oportunidades y, con el pasar del tiempo, profundizaron las problemáticas sociales ya existentes en las grandes capitales.
Por tal motivo, la ejecución efectiva de los puntos 1 y 5 del Acuerdo -que contemplan un proceso efectivo de restitución de tierras y no repetición de los hechos violentos- será vital con el fin de promocionar el retorno de esas familias al campo (Amplíe la información sobre el punto 1: Acuerdo final: el primer paso a una reforma agraria).
«Uno de los elementos que puede favorecer a Medellín es el proceso serio de restitución de tierra. Las personas que han llegado como desplazados, podrán retornar a sus tierras y abandonar las ciudades», indicó Víctor Correa, representante a la Cámara por Antioquia.
El congresista explicó que «Antioquia no ha sido ajeno al conflicto armado, y ha habido mucho desplazamiento a ciudades» como Bello y Medellín. Por eso,» uno de los aspectos claves será la inversión en el campo contemplada en el punto 1 de los acuerdos, que cerrará la brecha entre lo rural y lo urbano».
Por su parte, Luis Echavarría mencionó que la relación entre el desplazamiento y la violencia es enorme. «El conflicto constantemente ha carburado los problemas sociales en ciudades como Medellín, donde ha habido más recepción de población desplazada, lo que genera una suma de condiciones que impactan la seguridad y la convivencia», puntualizó.
Conscientes de dicha realidad, muchos expertos consultaron a los altos mandos de las Farc si se tomarán medidas o no con el objetivo de evitar esa migración masiva de desmovilizados a los cascos urbanos. «No se va a desbocar la gente hacia las ciudades, pues gran parte de las tropas de las Farc son campesinas», fue la respuesta contundente de Pastor Álape, según informó Fernando Quijano.
Así pues, se espera que Montería, Cúcuta, Bucaramanga, Cali, los cascos urbanos del Urabá antioqueño y, claro está, las ciudades del Valle de Aburrá, reciban algunos desmovilizados. Sin embargo, si se realiza un proceso de reintegración social efectiva, no habrá peligro de que se agraven los problemas de índole social en las ciudades, expresó Víctor Correa.
«Para evitar que los desmovilizados pasen a engrosar las filas de otros grupos armados hay que hacer un adecuado proceso de reincorporación para que la gente se pueda emplear, y que el Estado ocupe de manera inmediata los territorios de injerencia de las Farc para evitar que otras estructuras criminales lo hagan», detalló.
Se sienta un precedente para las Bacrim
Uno de los beneficios de el proceso de paz exitoso entre Gobierno y Farc, para Fernando Quijano, es que se fija una coyuntura que demuestra que a través del diálogo se pueden solucionar muchos problemas de seguridad rural y urbana como en el caso de Medellín.
«Con las Farc se consigue un avance fuerte en el tema de paz rural, y ahora hay que hacer que dicha paz quede completa a través de los diálogos con el Eln y el Epl. Y también un proceso de desmovilización total de las llamadas Bacrim o el también denominado neoparamilitarismo«, dijo.
Además, señaló que las Farc también se están tocando puertas para que hayan conversaciones con los grupos delincuenciales urbanos. «Esto demuestra que la solución no es militarizar las ciudades, hacer operativos y continuar la guerra, sino empujar a las bandas criminales al diálogo, a la negociación y al sometimiento a la justicia», aclaró.
En la misma línea de opinión se halla Luis Echavarría, quien arguyó que «el crimen organizado se va a concentrar más en las ciudades y la percepción de la ciudadanía sobre inseguridad urbana va a verse impactada», pero que a efectos prácticos se puede mejorar la situación.
«Una gran ventaja es que se va a acabar el tema de las Farc, entonces se puede concentrar el ejercicio de la autoridad contra la delincuencia en la parte urbana y en Medellín«, dijo Echavarría, en tanto que Quijano argumentó que cuando «un país deja de gastar en guerra va a tener más para inversión social».
Asimismo, el congresista Víctor Correa declaró que si bien «no hay un punto concreto de seguridad urbana», es lógico pensar que «al disminuir el conflicto en el campo, las dinámicas de políticas antidrogas en las ciudades se verán aumentadas, a través de las presiones urbanas producto del desplazamiento forzado y así restar poder a las organizaciones que se financian con el microtráfico».
Aunque el Acuerdo no conciba explícitamente soluciones a la problemática en las ciudades, coincidieron los expertos consultados, sí facilitarán que aumente la presión estatal a las organizaciones delincuenciales y que así, con el pasar del tiempo, se inicien negociaciones que lleven al fin del conflicto armado en Colombia, trascendiendo de lo rural hacia lo urbano.
