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El ICBF busca garantizar el buen servicio; el Ministerio de Educación, por su parte, denuncia carrusel de contratos en alimentación escolar.
Ante la grave crisis que atraviesa el servicio de alimentación escolar y comunitaria a los menores del Caribe colombiano, el ICBF tomó la determinación de firmar un pacto de transparencia y legalidad en el servicio alimentario, que busca garantizar los derechos nutricionales de los niños.
Mientras se encontraba en La Guajira, uno de las departamentos más golpeados por la problemática que ha dejado incluso niños muertos por desnutrición, la directora del Instituto, Cristina Plazas, firmó con los proveedores el pacto y aseguró que habrá vigilancia constante frente al servicio para los menores.
«Continuaremos supervisando el suministro de víveres y alimentos de la mejor calidad para los programas de atención integral a Primera Infancia (…) Esto lo vamos a hacer en todo el país, porque es importante saber dónde están comprando la comida los operadores», precisó Plazas, quien arguyó que este tipo de auditoría es vital para garantizar la buena calidad de los productos con los que se preparan los alimentos a los menores.
Además, se realizará estricta vigilancia a la conservación, almacenamiento y manipulación de los insumos, con el fin de que los operadores del servicio puedan brindar alimento que satisfaga las necesidades de los menores.
«Hasta que todos los actores que hacen parte de la solución de la crisis humanitaria que vive La Guajira no asuman sus responsabilidades, los niños se van a seguir muriendo de hambre«, concluyó Plazas.
¿Carrusel de contratos en alimentos escolares?
El Ministerio de Educación pudo descubrir, tras un análisis y monitoreo al Programa de Alimentación Escolar -PAE-, tres redes de empresarios y personas jurídicas que entre sí han acumulado contratos por más de medio billón de pesos.
«La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del PAE, involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades, agrupaciones en consorcios y uniones temporales. Este tipo de maniobras han permitido a algunos operadores ocultar información relacionada con posibles incumplimientos al momento de ser seleccionados para operar el programa», denunció Gina Parody, jefa de la cartera educativa.
De acuerdo con la Ministra, la primera red está compuesta por Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, quienes a través de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas, celebraron contratos de alimentación desde 2007 por un monto aproximado de 449 mil 613 millones.
La segunda y tercera red estarían compuestas por Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez, y José Antonio Manrique, respectivamente, quienes han tenido contratos por 129 mil y 262 mil 426 millones, respectivamente.
Además de la Costa Atlántica, estos empresarios habrían obtenido enormes regalías por ser los operadores del servicio en Norte de Santander.
Más allá de acumular enormes contratos, dichas fundaciones y entidades jurídicas serían las responsables de un enorme desfalco al Estado y de prestar de forma precaria el servicio de alimentación escolar.
En el caso de la fundación Paz y Futuro, el Ministerio habría descubierto tras una auditoría que habrían más de siete mil 600 niños inexistentes a quienes se les estaba alimentando en Córdoba y Norte de Santander.
