Colombia prepara las zonas donde serán liberados los secuestrados de las Farc

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo en un acto en la ciudad de Popayán, que el procedimiento para la liberación del brigadier general Alzate y los otros cuatro rehénes, está en marcha.

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Foto: CORTESÍA.

En medio de la incertidumbre de cuándo se producirá la liberación de los cinco secuestrados por las Farc, autoridades del Gobierno colombiano y el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzaron a adelantar gestiones para preparar las zonas donde se estima que puede producirse la ansiada entrega.

Los cinco rehenes se reparten en dos grupos separados entre sí por aproximadamente 700 kilómetros, la distancia en línea recta entre los departamentos del Chocó y Arauca, donde se debe despejar y garantizar la seguridad de los perímetros para la liberación.

En una selvática zona de la primera región permanecen retenidos desde el domingo el general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, cuyo secuestro ha provocado la suspensión de los diálogos de paz.

En el caso del segundo grupo, se trata de los soldados César Rivera y Jonathan Díaz, quienes se encuentran presumiblemente en Arauca, donde se registró el secuestro la semana pasada.

La liberación de todos retenidos fue acordada ayer por el Gobierno y las Farc con la mediación de Cuba y Noruega, los países garantes de las negociaciones de paz, justo el día en que cumplieron dos años de trabajo para acabar con medio siglo de conflicto armado en Colombia.

A la feliz resolución le acompañó el inconcreto pronóstico de que la liberación se produciría “lo antes posible”, así que hoy los mediadores se concentran en los preparativos mientras aguardan la autorización para acceder a los rehenes.

“Lo único que sabemos por el momento es que tenemos luz verde para actuar”, informó  a los medios de comunicación la portavoz del Cicr, Patricia Rey.

La Cruz Roja será el organismo encargado de recibir a los liberados en las zonas que se determinen para la entrega, que por el momento son una incógnita.

El Cicr ultima sus protocolos de actuación, prácticamente listos, y asegura que solo están esperando a que el Gobierno les confirme que su equipo no correrá riesgos. “Evidentemente algo clave es que se den las condiciones de seguridad, que se dé la garantía de que existen las condiciones para que podamos entrar en la zona que sea”, apuntó Rey.

Aunque aclara que cada liberación es distinta y depende de las condiciones orográficas, la funcionaria explicó que el equipo de acompañamiento estará integrado por representación de los países garantes, un delegado del Cicr y un enfermero o un médico que compruebe el estado de salud de los rehenes.

De las dos zonas, es en Chocó donde se ha concentrado el mayor despliegue militar, pues hasta 500 soldados buscan por orden del Ministerio de Defensa “hasta que sea necesario” al general y sus acompañantes. Sin embargo, la continua actividad militar en esa región, lejos de ayudar, podría retrasar el operativo de entrega, según los negociadores de las Farc.

“Lo que tenemos entendido es que hay, por informes que nos llegan, algunas operaciones de carácter militar. Hay ametrallamientos y bombardeos en esas zonas”, dijo desde Cuba Ricardo Téllez, alias “Rodrigo Granda”, en declaraciones recogidas por medios colombianos.

El despeje que se aplica en estas operaciones busca garantizar la seguridad de todos los implicados, incluidos los guerrilleros, motivo por el que “Granda” pidió “suspender las acciones militares” y “actuar en consecuencia” con el acuerdo alcanzado por las partes.

Mientras en el Chocó  hay mucho movimiento con la actividad de periodistas y militares ante la inminente entrega, el presidente Santos reiteró hoy que una vez se haga efectiva la liberación se reanudarán los diálogos de paz. “Apenas los vea yo libres voy a dar la instrucciones para que los negociadores regresen a La Habana”, dijo el mandatario.

Será entonces cuando las partes continuarán con el cuarto de los cinco puntos que contiene la agenda para firmar la paz, referido al reconocimiento y reparación de los casi 7.000.000 de víctimas del conflicto armado, que se inició a mediados de agosto.

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