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Desplazamientos y desapariciones forzosas siguen siendo una vulneración a los Derechos Humanos, presente en Medellín y el Valle de Aburrá.
Corporaciones, fundaciones, mesas de trabajo y agremiaciones de personas, trabajan día a día por la reivindicación de los derechos fundamentales de las personas en el Valle de Aburrá, la consigna principal suele apuntar hacia el mismo frente: El derecho a la vida.
Para Carlos Alberto Arcila Valencia, vocero de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, el paso inicial que debe dar la ciudadanía, es trabajar por las víctimas del conflicto, devolverles su dignidad y su papel en la sociedad. «Justicia, perdón y reconciliación deben ser los ejes de la construcción del camino hacia el respeto por la vida», dijo.
Además, Arcila aseguró que se debe trabajar de manera constante por el fortalecimiento de la institucionalidad y el empoderamiento de la comunidad en movilización y denuncia ante la vulneración de sus derechos. El llamado a la ciudadanía es a no ser indiferentes ante actores del conflicto que vulneren los Derechos Humanos de la población.
Al igual que la mesa de Derechos Humanos, en Medellín y el Valle de Aburrá hay diferentes instituciones, corporaciones y colectivos de ciudadanos trabajando por la protección de la vida, la libertad, el respeto, entre otros derechos.
«Trabajamos en pro de la vida y la protección de los Derechos Humanos en nuestra comunidad», expresó María del Socorro Mosquera Londoño, representante legal de la Asociación de Mujeres de las Independencias-AMI, que trabaja en la Comuna 13, una de las zonas de Medellín con mayor número de delitos que atentan de manera directa en contra de la integridad humana y el respeto por la vida.
La Marcha por la Vida realizada el pasado 8 de marzo, fue el escenario para que movimientos y agrupaciones de personas que trabajan para salvaguardar los Derechos Humanos en Antioquia, se reunieran y aunaran esfuerzos para consolidar su trabajo.
Según el informe sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad presentado por la Personería de Medellín, a diciembre de 2013, los sectores más afectados por la vulnereación del derecho a la vida fueron La Candelaria, San Javier y Robledo.
