ElPalpitar.com Periódico virtual, Noticias, Medellín, Antioquia, Colombia, Acontecimientos de interés común, Hechos de ámbito internacional.
Los beneficios que podrían recibir los grupos acogidos al sometimiento a la ley van desde rebajas de condena hasta la posibilidad de conservar un porcentaje de sus bienes.
El Gobierno Nacional, en compañía de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, radicó el proyecto de ley que busca que las organizaciones criminales del país se sometan colectivamente a la justicia y puedan recibir una serie de beneficios, no sin antes cumplir con los requisitos estipulados por esta nueva jurisprudencia.
El proyecto, radicado hoy en el Congreso y el cual podría ser legislado en los próximos días, aclara los once requisitos que deben cumplir las bandas delictivas con el objetivo de someterse a la justicia y poder recibir los beneficios que éste estipula.
Claro está, este sometimiento deberá ser colectivo y, el primer paso que deberán dar los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO), es manifestar su intención de someterse a la justicia.
«Suministrar información precisa que permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes», sería, tal y como lo expresa la ley, el siguiente paso a seguir.
En este punto cabe hacer la diferenciación entre los GDO y los GAO. Los primeros hacen referencia a organizaciones más pequeñas que las segundas, que representan a los grupos organizados que, según el proyecto, «bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte del territorio nacional un control tal que le permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas».
Este punto cobijaría al «Clan del Golfo», «La Oficina» y las disidencias de las Farc, que pasaron a ser organizaciones criminales luego de la desmovilización efectiva del grueso guerrillero, y que ahora buscarían un sometimiento a la justicia.
Sin embargo, para que la ley los ampare, deberán hacer una individualización e identificación completa de los miembros que entreguen las armas, así como la exposición de todos los delitos cometidos, las pruebas que tengan para verificar esos crímenes y un compromiso de no volver a delinquir.
Los grupos delincuenciales que se sometan también deberán confesar “lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas”, señala la ley.
Además de detallar sus actividades ilícitas y las finanzas, así como la relación con testaferros y terceros involucrados en el mundo criminal, los grupos delincuenciales también deberán identificar a sus víctimas, entregar sus bienes y realizar un plan de reparación a sus víctimas.
Entre los beneficios que recibirían aquellos grupos que se sometan a la justicia están las rebajas de hasta un 40 % de sus condenas, así como la posibilidad de conservar un 5 % de sus bienes entregados a la justicia.
¿En Medellín?
La capital antioqueña es epicentro de varios conflicto entre bandas delincuenciales, las cuales, en su gran mayoría, obedecen órdenes de organizaciones mucho más grandes, como el «Clan del Golfo» y «La Oficina». Asimismo, en la ciudad hacen presencia estructuras criminales que, en algunos casos, alcanzan a dominar comunas enteras, como es el caso de la Odín Robledo.
Por tal motivo y ante la posibilidad de una ley que permita el sometimiento a la justicia de estos grupos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no descartó la posibilidad de aplicarla en las organizaciones criminales de la ciudad.
«Primero me tengo que sentar a leer la ley y luego daré mi opinión. Mi postura siempre ha sido la misma: con las bandas criminales no se debe negociar, sino que se deben someter a la justicia«, señaló el mandatario de los medellinenses.
Cabe recordar que Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», máximo cabecilla del «Clan del Golfo», expresó su deseo al presidente Juan Manuel Santos de someterse a la justicia el pasado 3 de septiembre a través de una misiva, que impulsó al mandatario a redactar y radicar la ley ante el Legislativo.
