El Palpitar Noticias, Medellín, Antioquia, Colombia, Acontecimientos de interés común, Hechos de ámbito internacional.
La ONG considera que es la oportunidad de iniciar negociaciones con dichas bandas delincuenciales, con el fin de trascender la paz rural a la urbana.
De acuerdo con la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, en el Valle de Aburrá hay por lo menos 500 bandas criminales, también denominadas Bacrim, en las que delinquen más de 13 mil personas.
Según Fernando Quijano, director de Corpades, estas «estructuras de paramilitares y mafiosos» son la herencia del proceso de desmovilización fallido de las Autodefensas Unidas de Colombia -Auc- durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
«Solo en Medellín hay 350 grupos criminales (…) y no son cuatro personas por banda, como lo ha querido hacer ver la Policía, sino por lo menos 13 mil personas vinculadas a organizaciones delincuenciales en el Valle de Aburrá», precisó Quijano.
Este factor coyuntural lo admitió Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, cuando inició su gobierno. En ese entonces, el mandatario reconoció que una gran parte de la ciudad estaba siendo dominada a efectos prácticos por organizaciones criminales que se financiaban de la venta de ilícitos.
Para empezar a combatirlas, el Alcalde anunció aumento en el pie de fuerza y acciones ofensivas por parte de las autoridades, las cuales se empezaron a ver reflejadas en el Centro de Medellín, comuna que registra la mayor cantidad de homicidios históricamente.
No obstante, para Quijano esa no es la solución. «No es un asunto de hacer más cámaras de seguridad, de militarizar la ciudad, de llenar el ambiente de policías o hacer operaciones militares, sino de empujar a las más de 500 bandas del Valle de Aburrá al diálogo y al sometimiento a la justicia«, señaló.
Con el fin del conflicto entre el Estado colombiano y las Farc, dijo Quijano, se sentó un precedente y se abrió las puertas para que, en primera instancia, se destine más dinero para inversión social; y en segundo lugar, para que se negocie también con las estructuras criminales urbanas (Lea también: El fin del conflicto rural y sus implicaciones para las grandes ciudades).
En dicho factible proceso, sin embargo, se debe evitar que haya «gato encerrado». «Se debe evitar el conejo, es decir, que si se desmovilizan lo hagan todos, que no dejen cosas guardadas», puntualizó Quijano.
De todos los municipios del área metropolitana, los que registran mayor cantidad de personas adscritas a este tipo de actividades delictivas, entre las que se destacan el homicidio, la extorsión y el microtráfico de estupefacientes, son Medellín, Bello e Itagüí.
