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La elevada sanción a Claro y Movistar es la más alta jamás pagada por ningún ente al Estado colombiano.
Un tribunal de arbitramiento condenó a Claro y Movistar, transnacionales del área de las telecomunicaciones, a pagar 4,8 billones de pesos a la Nación, luego de un largo litigio que inició en 2004.
Todo inició en 1994, cuando la legislación colombiana dictaminó que los prestadores de servicios de telefonía móvil debían devolver las redes instaladas en un plazo máximo de 10 años, es decir, hasta 2004.
Claro y Movistar no lo hicieron y, de acuerdo con el Ministerio de las TIC, debían pagar 4,8 billones de pesos como compensación de los perjuicios provocados al no devolver dichas redes. Con la decisión del tribunal, ahora las empresas deberán pagar la alta suma al Estado, retribuyendo así los 10 años que utilizó las redes sin permiso legal.
Si bien la ley fue modificada, la Corte sentenció hace unos años: «en los contratos de concesión suscritos antes de entrar en vigencia de estas normas, se deberá respetar el contenido de las cláusulas de reversión, en ellas acordadas», dándole así validez a la ley de 1994.
Hasta el momento, las empresas aún no han emitido ningún tipo de comunicación al respecto.
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