El mandatario tendrá diez días a partir de la notificación para presentar las pruebas de su defensa ante el ente regulador.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde del municipio de Jericó, David Alonso Toro Cadavid, por presuntamente haber suscrito dos contratos con personas ajenas a su planta de personal para que pudieran ejercer labores de agentes de tránsito.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Procuraduría, Toro Cadavid contrató a dos personas sin investiduras públicas para que pudieran manejar y administrar el Tránsito de Jericó, al igual que para verificar la imposición y ejecución de infracciones automovilísticas, funciones que corresponden a agentes públicos.
Según la Ley 1310 de 2009, en caso de necesitar los servicios de agentes tránsito, los mandatarios locales deben bien sea crear dentro de su planta de personal dicho cargo, o celebrar acuerdos con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito.
El ente disciplinario calificó la conducta del sindicado, provisionalmente, como grave, teniendo en cuenta que sus acciones pudieron repercutir en contra de la credibilidad de las instituciones de tránsito.
Por tal motivo, Toro Cadavid deberá presentar pruebas que permitan su defensa ante la Procuraduría en un plazo máximo de diez días y, en caso de ser hallado como culpable, enfrentar las sanciones respectivas por haber incumplido sus deberes como servidor público.
