La decisión generó tensión entre habitantes del municipio, quienes anunciaron el inicio de un paro cívico desde este miércoles.
Tras la resolución expedida por la Agencia Nacional de Minería -ANM- de suspender de forma inmediata los trabajos mineros ilegales en Segovia, la Procuraduría solicitó al Alcalde de dicho municipio acatar el fallo, con el fin de evitar sanciones.
Según la resolución de la ANM, la Asociación Mutual de Mineros «El Cogote» estaría adelantando actividades ilícitas dentro de un predio perteneciente a la sociedad Zandor Capital S.A., por lo que debía ser desalojada inmediatamente de la zona.
La Asociación acusada, por su parte, no demostró pruebas que legitimaran sus labores de explotación en el sitio, por lo que la Agencia ordenó al alcalde de Segovia, Jhony Castrillón, desalojar a los mineros quienes allí trabajan, pues estarían incurriendo en explotación ilegal.
Precisamente, Castrillón explicó que, si bien la solicitud es acertada, «esa minería es ancestral, de hace varias décadas, donde el mismo Estado le ha suministrado recursos a la Asociación para que crezca y aumente la producción».
Por tal motivo, justificó que desde su Administración no se haya atacado el ejercicio minero por parte de la Asociación. «Hemos intentando concertar con Zandor Capital con el fin de que se le cedan a los pequeños mineros un porcentaje de tierras para que puedan subsistir a través de la minería», indicó.
Sin embargo, diferentes entes de control y regulación han persistido en instar al Alcalde para que cumpla la orden de la ANM. Por ejemplo, el Grupo Asesor de Minas, Hidrocarburos y Regalías del Ministerio Público solicitó al burgomaestre hacer valer los derechos del legítimo propietario y comunicar a la Fiscalía General de la Nación el caso.
«Constituye falta gravísima omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales», señaló a través de una misiva al Mandatario, el Ministerio Público.
A pesar de la insistencia por parte de las autoridades, el Alcalde manifestó que se encuentra en una encrucijada, ya que de la minería subsisten cientos de familias de Segovia, por lo que sería dañino quitarles por completo la fuente de subsistencia.
«Si no hay una respuesta positiva y contundente por parte del Estado para con las personas que están trabajando en dichas minas, bien sea indemnizándolos o capacitándolos para que laboren en otros campos, a las autoridades municipales nos queda muy difícil evitar el deterioro social y de seguridad en el municipio», precisó.
Entretanto, habitantes del municipio iniciaron este miércoles un paro cívico, para lo cual se aprovisionaron de alimentos y víveres. Asimismo, transportadores de la zona anunciaron que se unirían al paro por la orden de cierre de las minas, el cual afectaría a más de ocho mil mineros de la región.
